ORO ILEGAL: EXPORTACIONES CRECERÍAN 41% ESTE AÑO
Las exportaciones de oro ilegal alcanzarían un máximo histórico de US$6,840 millones en el 2024, según estimaciones de IPE. Esa cifra resulta 41% mayor que en el 2023, más de cinco veces el crecimiento que el BCR espera para el total de exportaciones del 2024 (8%). Junto con Pataz (La Libertad), Madre de dios se mantiene como uno de los principales centros de producción de oro ilegal. Así, según datos de Osinergmin, en los últimos cinco años su consumo de combustibles (insumo clave para la actividad minera en zonas de selva) se incrementó en 40%, más de 10 veces el promedio nacional (3,8%). este resultado viene impulsado por el mayor precio del oro, que creció casi 70% en ese período y se ubica en niveles histórico s cercanos aus$2.500po ronza. loquees grave, ese consumo de combustible en la Amazonía está exento del pago de IGV e ISC, una exoneración que ha costado al Estado más de S/8 mil millones desde el 2008, en términos reales. ( El Comercio, Pág. 7 )
YA SUMAN CINCO PROYECTOS PARA AMPLIAR EL REINFO
En
el Congreso ya suman cinco los proyectos de ley planteados para extender el
plazo de formalización de los inscritos en el Registro Integral de
Formalización Minera (Reinfo), a menos de dos meses de vencer la última
prórroga. Esto, en medio de críticas desde distintos sectores, pues, en la
práctica, facilita la minería ilegal. La última de las propuestas proviene del
legislador Darwin Espinoza (Podemos Perú), sindicado en el Caso `Los
Niños", quien planteó -el último jueves- una extensión del plazo para la
formalización hasta el 31 de diciembre del 2026.Y propone nuevos requisitos
para la formalización, como el no haber sido excluido del Reinfo por
incumplimientos (obligaciones ambientales o de seguridad y salud ocupacional),
no tener una sentencia firme por minería ilegal, lavado de activos o trata de
personas, entre otros. También plantea un sinceramiento del registro. ( El Comercio, Pág. 9 )
UN CONTAINER Y DOS POLICÍAS: EL DÉBIL CONTROL DE LOS CAMIONES
QUE SACAN EL ORO DE PATAZ
Desde
enero de este año, por lo menos 8.400 camiones cargados con toneladas de
mineral aurífero salieron de Pataz, de donde proviene gran parte del oro
extraído en La Libertad, región que produce el 40% de este metal en el Perú.
Esos volquetes, que como mínimo llevan 25 toneladas de mineral hacia plantas
chancadoras o de beneficio (donde se procesa el oro), deben pasar por
Chagualito, un puesto de control de la Policía Nacional del Perú (PNP) ubicado
en Cochorco, el distrito de la provincia de Sánchez Carrión que es vecino de
Pataz. Pero lo que debería ser un importante punto para fiscalizar la actividad
minera de Pataz, un filtro para evitar que el oro extraído en la provincia
liberteña pase al mercado ilícito (la minería ilegal, la principal economía
criminal del país, genera US$6.000 millones al año), en realidad es un
container casi vacío que más se asemeja a una garita de vigilancia, y que
carece del equipamiento necesario para tan relevante labor. Un equipo de El
Comercio viajó a Pataz y verificó las limitaciones de Chagualito. El container
que funciona como puesto de control está cerca del puente que une a las
provincias de Sánchez Carrión y Pataz, en la vía usada para ir a Trujillo, a
unas 10 horas de camino. ( El Comercio, Pág. 4-5)
"DEBERÍAN PRONUNCIARSE EN CONTRA DE LA MINERÍA ILEGAL Y NO
DE LA FORMAL"
Tal
como reveló Perú21, el conglomerado de ONG Red Muqui viene haciendo una campaña
mediática para impedir el avance del proyecto minero Tía María, que planea
crear 9,000 nuevos puestos de trabajo durante su etapa de construcción y 4,800
más de manera permanente para la población del Valle del Tambo. Difunden
mensajes falsos y alarmistas, referentes a que la iniciativa de la empresa
Southern Perú Cooper Corporation pondría en peligro la producción de ajo y
cebolla, para desaparecer en el futuro ambos productos del mercado local. Al
respecto, Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE), señaló que los personajes que están detrás de esta
campaña "son los mismos extorsionadores de siempre, que hablaron del
problema del limón en Tambogrande (Piura) diciendo que no íbamos a tener
ceviche en el Perú para toda la vida. Sin embargo, no dicen nada de que este
proyecto cayó en manos de ilegales. Han convertido Tambogrande en una desgracia
ambiental”. Negó que Tía María vaya a afectar la producción de ajos y cebollas
en el Valle del Tambo. ( Perú 21, Pág. 5 )
BALANCE DEL REINFO: A LA FECHA, LOS MINEROS FORMALIZADOS NO
LLEGAN NI AL 2 POR CIENTO
El
proceso de formalización de pequeños mineros y mineros artesanales viene del
año 2002 con la Ley 27651 que está vigente, en forma paralela con el DL 1105,
emitido en 2012. Desde entonces, se dieron plazos para acogerse a dicho
proceso. El último vence el 31 de diciembre de 2024 y en el Congreso hay tres
proyectos de ley que proponen una prórroga más. A octubre de 2024, el Registro
Integral de Formalización Minera (Reinfo) tiene 86,976 personas naturales y
jurídicas inscritas. En calidad de vigentes, autorizadas a realizar la
actividad, consigna 18,959. El resto, alrededor de 65,000, tienen condición de
suspendidos. ( República, Pág. 10 )
PLANTEAN DESTINAR PARTE DEL CANON PARA EQUIPAR DEFENSA
El
congresista Alejandro Cavero, miembro de Avanza País y vicepresidente del
Congreso, propuso destinar un porcentaje del canon a la renovación del
equipamiento de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de fortalecer la defensa
nacional de manera continua. Según explicó Cavero, la medida permitiría un
flujo de recursos anual destinado a mejorar las capacidades del personal
militar, frente a los desafíos de seguridad y soberanía. ( Expreso, Pág. 7 )
¿QUÉ HACER CON LA MINERÍA ARTESANAL E ILEGAL?
Por
Raúl Benavides Ganoza, director de la compañía de minas Buenaventura. En un
artículo anterior, propuse que el Estado controlara la minería informal e
ilegal supervisando las plantas de tratamiento y los insumos de la minería
artesanal e ilegal. Esto se puede hacer mediante la Sunat, que tiene la
obligación de supervisar los insumos controlados como el cianuro, el mercurio y
la cal. La Sucamec, los explosivos; la OEFA, los impactos al medio ambiente; y
la Sunafil y el Osinergmin, que las condiciones de trabajo sean las adecuadas.
El Ministerio de Energía y Minas, por último, debe ocuparse de que estas
operaciones estén bien llevadas. El Estado tiene todas las herramientas para
controlar esta minería. Entonces, ¿por qué no lo hace? Es evidente que, si
estas entidades del Estado cumplieran su trabajo, tendrían que acabar con este
tipo de minería y generarían una reacción social de los cerca de 500.000
trabajadores mineros informales. Por eso, debe ser progresivo y no de un
momento a otro, permitiendo que las plantas y los mineros artesanales se
formalicen. Recuerdo que cuando se dictaron las primeras normas ambientales
para la minería, todas nuestras operaciones estaban en falta, teníamos una
serie de labores, relaveras, canchas de desmonte, etc., que debían ser
remediadas. No se podía obligar a las empresas a que lo hicieran de inmediato
por su costo y por la imposibilidad de hacer todo el trabajo a la vez. La
solución fue el PAMA (Programa de Adecuación al Medio Ambiente), en el que se
obligaba al productor minero a invertir un porcentaje importante de sus ventas
anualmente en hacer los trabajos de remediación y adecuarse en un plazo máximo
de cinco años. Yo me pregunto si no podemos pedirle al Gobierno que les exija a
todas las plantas acopiadoras que presenten un plan de adecuación y un
compromiso de inversión para que se adecúen a la ley en un plazo de dos o tres
años. ( El Comercio Pág. 6 )
CIEGOS POR ELECCIÓN
Dentro
de todos los destinos meritorios al que puede dedicarse la inversión pública
-como salud, educación, transportes, etc.-, quizá no haya otro más apremiante
hoy para la ciudadanía que la lucha contra el crimen. Y, en esta categoría, es
la minería ilegal la que, según más de un especialista, más dinero mueve, lo
que le permite a su vez financiar otros ilícitos. Pero el error sería mayúsculo
si uno quisiera inferir de ello que el Estado ha destinado, en consecuencia,
cantidades importantes a neutralizar esta actividad criminal. Basta con el
ejemplo de Chagualito sobre el que informamos en nuestra edición de hoy. Este
es el puesto policial que debe supervisar a los camiones que salen de Pataz, en
La Libertad, cargados de concentrado de oro, mucho de este de procedencia, por
supuesto, ilegal. Según pudo comprobar El Comercio, la infraestructura consiste
en un container adaptado (con una mesa, dos sillas, una laptop y un
ventilador), y la fuerza policial que lo opera consta de dos efectivos por cada
turno de ocho horas. Como reporta nuestra Unidad de Investigación hoy, no
existe balanza ni personal de la Sunat, la fiscalía, el gobierno regional que
encabeza César Acuña o el Ministerio de Energía y Minas. La imagen de abandono
y debilidad del puesto de control es un testamento de la negligencia total que
el Estado le ha concedido a la minería ilegal. (El
Comercio, Pág. 2 )