DE ZELA: MINERALES CRÍTICOS EN AGENDA CON EE.UU.
El Perú firmó un memorándum de entendimiento con los Estados Unidos para la cooperación en minerajes críticos y tierras raras, con el objetivo de promover inversiones, cooperación y el desarrollo de una industria que actualmente registra un nivel de explotación menor al 5 %, según informó el canciller Hugo de Zela desde Washington. El acuerdo se suscribió durante una reunión convocada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el marco de una agenda bilateral. El canciller precisó que Perú posee 10 minerales críticos y que, mediante procesos de transformación metalúrgica, se incorporaría 10 adicionales, lo que le otorga relevancia en el mercado internacional. ( Expreso, Pág. 3, Supl. Econ. )
SE
RECONFIGURAN CONFLICTOS SOCIALES
El sector minero peruano
enfrenta en 2026 un escenario de menor protesta social visible que no refleja
una reducción de riesgos económicos. Según Paola Bustamante, directora de
Videnza Instituto, el silencio en zonas de alta conflictividad responde al
avance de la minería ilegal, que ha desplazado las demandas sociales
tradicionales y modificado el control territorial. Bustamante señaló que este
fenómeno afecta directamente al sector formal, al generar distorsiones en la
actividad productiva y en las condiciones para la inversión privada y pública. (Expreso, Pág. 7, Supl. Econ. )
ADVIERTEN QUE
DL SOBRE MINERÍA ILEGAL REQUIERE MECANISMOS PARA SU EFECTIVIDAD
Si bien la reciente
aprobación del Decreto Legislativo 1695, sobre minería ilegal, incrementa las
penas y amplía el alcance del delito a actividades conexas, expertos advierten que
no resuelve los problemas estructurales. Durante el evento virtual
"Delegación de facultades y lucha contra la minería ilegal",
organizado por el Observatorio de Minería Ilegal, junto con Derecho, Ambiente y
Recursos Naturales (DAR), el procurador Julio Guzmán señaló que
"necesitamos un mecanismo para que los operadores de justicia identifiquen
el lugar de origen de los recursos, la maquinaria e insumos utilizados, y
ubiquen las rutas por donde transitan". Sin estas herramientas, la norma
puede caer en el populismo penal, advirtió. (
Correo, Pág. 10 )
CANDIDATOS DE
APP Y PODEMOS ESTÁN VINCULADOS A SANCIONES POR PESCA ILEGAL
La minería ilegal no es la
única amenaza que enfrenta el sistema político en las actuales elecciones
generales del 2026. La pesca ilegal, que utiliza la misma estrategia de
infiltración a través de sectores informales, parece también querer llegar al
poder. La Unidad de Investigación de El Comercio encontró que dos candidatos al
Congreso, en Áncash y Piura, registran un historial de multas por pesca ilegal.
El primer caso es el de César Sánchez Ulloa, quien postula con el número 1 al
Senado por Áncash con Alianza para el Progreso (APP), partido al que está
afiliado desde hace dos años. Toda su actividad empresarial está dedicada al
sector pesquero, donde registra empresas -junto a su esposa y hermanos-,
embarcaciones y plantas procesadoras. Pero su historial en el sector pesquero
viene acompañado por sanciones. La Unidad de Investigación de El Comercio
accedió a 35 resoluciones del Ministerio de Producción donde se le impuso
multas por pesca ilegal: 14 multas contra una empresa que tuvo con sus
hermanos, 13 multas contra embarcaciones a su nombre, siete multas contra
embarcaciones de la empresa de su esposa donde fue gerente, y una multa contra
otra empresa propia. ( El Comercio, Pág. 4 )
EPICENTRO
Por Jaime de Althaus,
analista político. La región La Libertad es el epicentro de la criminalidad en
el Perú porque allí se juntan las organizaciones criminales dedicadas a la
extorsión más antiguas, grandes y fuertes del Perú -Los Pulpos, La Jauría,
etc.- que llegan a ejercer una gobernanza local en varios distritos de
Trujillo, y una minería ilegal y criminal económicamente muy poderosa que lava,
de paso, dinero del narcotráfico y compra autoridades, policías, fiscales,
periodistas y políticos. Hemos dicho que la criminalidad en el Perú es en parte
consecuencia de una formalidad tan cara y asfixiante que expulsa a la gente a
la informalidad, pero a una informalidad sobresaturada y de bajos ingresos que
a su vez expulsa a los jóvenes a la delincuencia y la criminalidad. En Trujillo
los que matan o ponen explosivos por 40 o 50 soles son menores de edad. 78
fueron intervenidos y detenidos recientemente, pero son inimputables
penalmente. A la minería ilegal y criminal van jóvenes. Coincidentemente un
informe del INEI revela que el empleo ha mejorado apreciablemente en todas las
categorías de edad salvo entre los jóvenes, donde aún está bastante por debajo
del 2019. La pandemia hizo estragos en las capacidades de los estudiantes y una
formalidad laboral costosa discrimina en contra de los jóvenes sin experiencia
ni conocimientos. Pero no es que estén haciendo nada: un porcentaje pasa a las
filas de la delincuencia. Ese trabajo no lo confiesan al encuestador. Al estar cerrada
la vía formal para crecer, solo queda la delincuencia como decíamos, o capturar
los gobiernos subnacionales para asaltar el botín presupuestal, como vehículo
de enriquecimiento y ascenso social. Por supuesto, parte de ese botín está en
la administración del Reinfo, que no se fiscaliza, de modo que hay una
connivencia entre mineros ilegales amparados por el Reinfo y funcionarios
regionales. Pero además hay complicidad nacional. El Ministerio de Energía y
Minas ha abandonado el proceso de formalización y hay versiones de que cobran
sumas importantes por expedir el ITS para comprar explosivos, por ejemplo. En
el Congreso no se avanza una Ley Mape. Nadie quiere tocar el statu quo
perverso. ( El Comercio, Pág. 22 )
