PREOCUPA QUE NO SE APRUEBE LEY MAPE DE CARA A ELECCIONES
El 2026 es el año de elecciones porque se elegirá al nuevo Presidente de la República, que entrará en funciones el 28 de julio, así como también a los nuevos gobernadores regionales y alcaldes (que asumirán sus cargos desde el 1 de enero del 2027). La economista Mercedes Araoz, señaló que el tema “que le da un poco de miedo y que va ligado a los temas de seguridad es la Ley Mape”. “No sé cuándo vamos a sacar la Ley Mape, que es la Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería, porque vienen las elecciones regionales, entonces (los candidatos a gobernadores y alcaldes) también quieren ganar votos y pueden preservar el comportamiento de las economías ilegales, como en la minería”, precisó. Araoz, quien participó en el Foro Análisis de Propuestas – Segunda Vuelta Agenda 2026, que organizó la Universidad del Pacífico, manifestó que debemos cuidar, incorporar a la minería informal y formalizarla realmente. “Gran parte del problema de la minería ilegal es que es un mecanismo de lavado de activos y está manejada por las grandes organizaciones criminales transnacionales. Entonces, es un gran un riesgo”, comentó. ( Correo, Pág. 12 )
SILVER X
OBTIENE CONTROL TOTAL DE CCASAHUASI
Silver X Mining anunció la
adquisición de la concesión minera Lily 19 a Barrick Mining Corporation por US$
30,000, operación con la que obtuvo el control total del proyecto aurífero
Ccasahuasi (Huancavelica). Así, la compra le permite consolidar la propiedad
del proyecto y avanzar con sus planes de exploración en una zona que considera
estratégica por su cercanía a la mina Tangana, uno de sus activos actualmente
en producción. Tal condición podría facilitar un eventual aprovechamiento de la
infraestructura ya existente en caso de que futuras exploraciones permitan
ampliar los recursos identificados en el área. (
Gestión, Pág. 11 )
SÁNCHEZ BUSCA
FACILITAR ACCESO A DINAMITA Y MERCURIO PARA LA MINERÍA ILEGAL
El candidato de Juntos por
el Perú planteó una iniciativa sobre la “minería ancestral”, pero expertos
señalan que su fondo es que la ilegalidad se suministre de herramientas. Un artículo
cita excepciones sobre los “permisos” para el uso de explosivos y manejo de
mercurio. El plan de gobierno de Juntos por el Perú (JP) fue cambiado a menos
de una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Por el
ajetreado momento, genera incertidumbre conocer cuáles serán realmente sus
propuestas. Una de las áreas claves donde se buscan implementar medidas es la
minería. Lo cierto es que quien resulte presidente tendrá facultad absoluta
para decidir la política a aplicar. Un espacio para conocer las prioridades de
Sánchez es su legado legislativo y, en un contexto de raudo avance de la
minería ilegal, llama la atención un proyecto que busca facilitarle el acceso a
dinamita y mercurio, entre otros. A mediados de noviembre, Sánchez presentó el
proyecto "Ley marco de minería con prácticas ancestrales" (13246). El
documento cuenta con 91 artículos, pero al menos dos llaman la atención por sus
riesgos. El 26 aborda las "excepciones en la trazabilidad del
mineral". Esto, basándose en que el registro y la actualización de datos
en tiempo real, así como las acciones de fiscalización y seguimiento, se
realizan vía el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal
(Sipmma). ( Gestión, Pág. 13 )
ROBERTO
SÁNCHEZ TIENE ALIANZA PELIGROSA CON MINEROS ILEGALES
El objetivo del candidato
presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, sería beneficiar a la
minería ilegal, tal como lo hizo en la Comisión de Energía y Minas del
Congreso, donde legisló a su favor, señaló la congresista Diana Gonzales
(Avanza País). “También hemos visto sus proyectos de ley, que no son otra cosa
que llevar al Perú hacia un modelo similar al de Bolivia. Se ha involucrado con
la Ley General de Minería, sabiendo que lograr un proceso de formalización y
desarrollar un proyecto formal es sumamente difícil; sin embargo, lo que él
busca es ahuyentar al sector formal, ya sea pequeño, mediano o grande. Y donde
no existe un proyecto formal, surge uno ilegal; allí es donde están los
ilegales”, sostuvo. La también integrante de la Comisión de Energía y Minas
señaló que el parlamentario y candidato presidencial debe aclarar qué
compromisos ha asumido con los mineros ilegales a cambio del respaldo a su
campaña. ( Expreso, Pág. 5 )
ALGUNAS LEYES
FAVORECEN A LA MINERÍA ILEGAL
El abogado penalista Julio
Rodríguez analizó algunas de las denominadas leyes "procrimen", las
cuales, según indicó, estarían relacionadas con el favorecimiento de la minería
ilegal. Por tal motivo, sostuvo que estas normas pueden ser objeto de revisión
y análisis. "Esta es una ley de pro financiamiento de Juntos por el Perú
porque el Reinfo, aparentemente, habría financiado el partido de Roberto
Sánchez. Esta ley favorece a la minería ilegal", afirmó Rodríguez. ( Expreso, Pág. 9 )
LA INVERSIÓN
MINERA SUMA US$ 1,500 MILLONES TRIMESTRALES
De enero a marzo 2026, las
inversiones mineras en el país alcanzaron US$ 1,500 millones, monto que
representó un crecimiento de 43.7% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se
registraron US$ 1,044 millones, según el último Boletín Estadístico Minero del
Ministerio de Energía y Minas (Minem). El resultado estuvo impulsado
principalmente por el incremento de las inversiones en infraestructura, que
avanzaron 116.8%, seguido por el desarrollo y preparación con 50.8%; la planta
de beneficio con 30.1% y el equipamiento minero con 28.4%. ( Expreso, Pág. 40 )
PROPUESTAS
DIVIDIDAS ENTRE CONTROLAR RECURSOS Y FOMENTAR EXPLORACIÓN
A diferencia del crecimiento
de la minería, la agroexportación y otras principales actividades productivas,
que “brillaron en el 2025”, el sector hidrocarburos es el único que acusó un
retroceso sostenido, el cual ha continuado este año. Aun así, la recuperación
de esa actividad no está claramente definida en los planes de gobierno de los
candidatos a la segunda vuelta electoral, según expertos consultados por
Gestión. Frente a este escenario poco alentador, resulta vital para los
electores conocer qué proponen los candidatos a la segunda vuelta electoral
para sacar de esta crisis al sector y evitar se afecte más la economía
familiar. En los últimos días Juntos por el Perú (JP), de Roberto Sánchez,
presentó un nuevo programa de gobierno para la segunda vuelta, en el cual
incorpora diversos ofrecimientos referidos al sector hidrocarburos, con respecto
a su plan original, aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no lo ha
validado. En la nueva versión de ese plan, JP mantiene su posición de
establecer un control estatal sobre los recursos naturales, proponiendo, por
ejemplo, una nueva política de exploración gasífera, bajo la premisa que la
exploración privada fue insuficiente en los últimos 30 años, aunque no detalla
cómo lo harán desde el Estado. Plantea también “recuperar” el control del gas
para redefinir sus destinos de consumo, modificar las condiciones de
importaciones de derivados con participación estatal, e insiste con aplicar una
renegociación “estratégica” de los contratos de Camisea, entre otros, además de
“fortalecer” a Petroperú como empresa nacional. (
Gestión, Pág. 12 )
EL ANTIFUJIMORISMO
POR DELANTE DE LA MINERÍA ILEGAL
Por Iván Arenas. La ahora
congresista y electa senadora Ruth Luque ha dicho que va a votar y apoya
“decididamente” la candidatura de Roberto Sánchez a pesar de que su nuevo
documento -otro plan- es un insulto a la memoria de aquellos defensores del
medioambiente asesinados por la tala ilegal y la criminalidad en minería; y que
en buena parte -en ese mismo documento- se abren puertas y ventanas para, por
ejemplo, legalizar el dinero y los activos sucios de la minería ilegal a la que
ella dice combatir. Luque va a votar por Sánchez no por ser Sánchez porque
personalmente debe pensar sobre él lo mismo que usted y yo, sino porque no se
atreve a ir contra ese torrente que es el espíritu de cuerpo en la izquierda,
aunque eso lleve de manera inexorable al mismo abismo. La increíble actitud de
la electa senadora Luque, defensora del medioambiente, autodenominada luchadora
contra la minería ilegal (que en este preciso momento hace estragos en ríos y
mujeres a las que hace víctimas de la trata) y aupada por una parte del
empresariado que en su día la vio como muralla del propio Sánchez en la
Comisión de Minería del Congreso, solo responde al ideologismo y el
antifujimorismo que justifica cualquier crimen, incluido el que se comente
contra la Amazonía. ¿Saben qué dice el nuevo documento de Sánchez? Que dará “un
periodo de sinceramiento y gracia para que los mineros declaren sus operaciones
realizadas fuera del sistema bancario”. ¿Qué es eso? ¿No es acaso la
declaración abierta y sin rubor para facilitar el lavado de activos, para que
ese cerro de dinero ilegal obtenido a fuerza, sangre y prostitución de niñas
pase a ser parte absoluta y totalmente del sistema financiero legal y formal?
¿Cómo es que Luque y otros ambientalistas hoy hacen campaña por Sánchez? Pues
por puro antifujimorismo que es la enfermedad de la república del presente en
marcha. Bajo esa misma lógica es también posible que se le reproche el golpismo
de Alberto, con justa razón, pero con Pedro la cosa es distinta a pesar de que
vimos todos que una buena mañana el hombre pretendió hacer lo mismo que el
‘Chino’, pero ya vemos que eso, para Luque y sus amigos, jamás existió. ( Perú 21, Pág. 4 )
