PERÚ BUSCA CAPITAL CON VENTAJA EN COBRE, ENFRENTA TRABAS
Moody's Ratings señala que el cobre dejó de ser un commodity sujeto únicamente al ciclo de precios para convertirse en un insumo estratégico para la transición energética, la expansión de la inteligencia artificial, los centros de datos y las industrias de defensa. Ese cambio fortalece el papel de productores como el Perú dentro de las cadenas globales de suministro. Según Moody's, las minas de cobre de bajo costo en Perú representan una ventaja estructural frente a otros competidores y justifican ampliar la capacidad de refinación para capturar una mayor parte del valor de la cadena. Sin embargo, advierte que los conflictos sociales, los retrasos en la entrega de permisos y la incertidumbre política han frenado inversiones en el pasado y siguen siendo factores que pesan sobre nuevos proyectos. ( Expreso, Pág. 34 )
TRES REGIONES
TIENEN MÁS DEL 50% DE SU TERRITORIO CONCESIONADO PARA LA MINERÍA
El nuevo ciclo de altos
precios del cobre y el oro vuelve a poner al Perú en el radar de las
inversiones extractivas. Sin embargo, para el Observatorio de Conflictos
Mineros, este escenario también podría traducirse en una mayor presión sobre
comunidades y recursos como el agua, en momentos en que el próximo gobierno
plantea acelerar la ejecución de proyectos. Las cifras entre mayo de 2025 y
mayo de 2026 revelan que las concesiones mineras crecieron en 2,68 millones,
hasta alcanzar 22,67 millones de hectáreas, equivalentes al 17,6% del
territorio nacional. La expansión fue especialmente intensa en Apurímac, donde
el 76,5% de la superficie regional ya está concesionada, seguida de La Libertad
(63,1%) y Áncash (55,1%). Lima y Moquegua también bordean la mitad de su
territorio bajo este régimen, con 48,8% y 48%, respectivamente. ( La República, Pág. 10 )
EL LABERINTO
NORMATIVO QUE FRENA AL PERÚ
Por Raúl Benavides Ganoza,
director de la Compañía de Minas Buenaventura. Uno de los grandes problemas del
Perú no es la falta de leyes, sino el exceso de ellas. Cada vez que ocurre una
crisis, un accidente o un escándalo, la respuesta casi automática de nuestras
autoridades es proponer una nueva norma, crear un requisito adicional o imponer
un trámite más. Rara vez se evalúa si las reglas existentes funcionan o si
realmente se cumplirán. El resultado es un sistema cada vez más complejo que,
lejos de solucionar los problemas, hace más difícil la formalidad.
Paradójicamente, mientras condenamos la corrupción, seguimos alimentando las
condiciones que la favorecen. Un entramado de leyes y procedimientos
excesivamente complicados genera incentivos para que ciudadanos y funcionarios
recurran a la llamada aceitada. Cuando un trámite demora semanas o meses y
existe urgencia por resolverlo, la tentación de ofrecer o solicitar un soborno
aumenta inevitablemente. Con frecuencia se anuncia la necesidad de simplificar
los trámites administrativos y agilizar los permisos. Sin embargo, esas
promesas suelen quedarse en el discurso. En la práctica, la reacción habitual
consiste en endurecer las sanciones: multas más elevadas, mayores exigencias
regulatorias y penas de prisión más largas, aun cuando el propio Estado carece
de infraestructura suficiente para hacerlas cumplir. (
El Comercio, Pág. 23 )
