"EL REINFO NO PERMITE DEFINIR QUÉ ES UN MINERO ILEGAL"
El problema de la minería
ilegal es el marco legal existente, que no termina su proceso de formalización
mediante el Reinfo, señala el titular de la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP (SBS), Sergio Espinoza. En entrevista con Correo, destacó el papel de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el objetivo de combatir la minería
ilegal, que hoy mueve más dinero que el narcotráfico. ¿Es determinante la
participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la trazabilidad
de la minería ilegal? Hay una coordinación bastante estrecha con la Policía
Nacional y con el Ministerio Público. El tema de la minería ilegal en concreto
es un tema del marco legal que todos lo conocemos. El proceso de formalización
que no culmina, que se prolonga. Diría que hay muy buena coordinación,
especialmente con la Policía Nacional. Se han desarrollado canales de
intercambio de información muy interesantes que han dado resultado para algunos
casos. (Correo, Pág. 16 )
"LO QUE
HAY QUE REFORMAR ES EL MODELO DEL ESTADO, NO EL MODELO ECONÓMICO"
Entrevista a Iván Arenas,
analista político y especialista en el sector minero. A un mes de la segunda
vuelta, el candidato con más opciones de disputar la presidencia con Keiko
Fujimori, Roberto Sánchez, dice que no priorizará el crecimiento económico.
¿Cómo debemos entender esta declaración? Roberto Sánchez es un riesgo para
todas las inversiones, pero fundamentalmente para la minería y la agricultura. Promete
revertir concesiones que liquidarían la minería. Además de eso, estatizaciones,
nacionalizaciones y una segunda reforma agraria. Entonces, es un riesgo para
todas las inversiones privadas que ocupan el 80% de las totales en el Perú. La
Ley General de Minería, que en la práctica modifica las concesiones mineras
actuales, está aprobada en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. El
autor sería Roberto Sánchez. El líder de la minería informal en el Congreso no
es el señor Cutipa, quien preside la comisión, sino es el señor Sánchez quien,
de alguna u otra manera, lidera esta comisión de facto. Entonces, quien está
detrás de todas esas iniciativas para revertir concesiones, para reducir los
plazos de concesiones o para quitar el concepto de irrevocabilidad en las
concesiones, es Sánchez. No hay ninguna duda de que él es el representante
oficial de la minería informal en el Congreso. ( El
Comercio, Pág. 10-11 )
MINERÍA ILEGAL
DEFORESTA 500 HECTÁREAS DE LA RESERVA TAMBOPATA
Entre el segundo semestre
del 2025 y los primeros dos meses del 2026, los mineros ilegales que operan en
la región de Madre de Dios han deforestado 500 hectáreas de bosques de la
Reserva Nacional Tambopata, uno de los lugares de mayor biodiversidad en el
mundo, creada para proteger la flora, fauna y paisajes amazónicos. De acuerdo a
imágenes satelitales captadas por Conservación Amazónica-ACCA, la actividad
minera ilegal ha afectado principalmente la parte noroeste, en zonas aledañas
al río Malinowski, uno de los principales ríos de Madre de Dios, que sirve para
demarcar los límites de la Reserva Nacional Tambopata. Las imágenes muestran
que los ecosistemas afectados por los extractores ilegales de oro han sido
bosques aluviales inundables y los bosques de terraza no inundables. Toda el
área destruida equivale a la superficie total del distrito limeño de Pueblo
Libre, o a 100 estadios nacionales. ( El Comercio,
Pág. 14, 15 )
CONDENADO
MANEJA "ASOCIACIÓN MINERA"
Gran polémica se ha creado
en el Centro Poblado de Huanca, zona minera en la Región Ayacucho. Una persona
condenada por daño agravado, y que fue destituida de la Policía, maneja una
asociación que ya tiene varias denuncias a cuestas. Se trata de Jaime Martín
Apolaya Peves. Hace catorce años, mediante la Resolución Directoral N.°
544-2012, la PNP lo pasó al retiro por infracción muy grave. Años después, el
Juzgado Penal Unipersonal de Puquio lo condenó a tres años y seis meses de
prisión suspendida, por daño agravado, al haber irrumpido en una labor minera
del anexo de Huanca. A pesar de esos antecedentes, ahora maneja la “Asociación
de pequeños mineros artesanales y contratistas”. Este grupo está afiliado a la
Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú
(Confemin), polémico grupo acusado de lobby en el Congreso para que el Reinfo
siga prolongándose. (Expreso, Pág. 10 )
MILITARES Y
POLICÍAS SE ENFRENTAN POR EL CONTROL DE LA MINERÍA ILEGAL EN PATAZ
Jolvi Rodríguez Calderón,
cabeza visible de una familia dedicada a la minería ilegal en Pataz, La
Libertad, fue asesinado a balazos cuando retornaba a su casa, ubicada en el
anexo de Carhuabamba, el viernes 20 de marzo de este año. Parecía un asesinato
más. Pero no fue así. Los familiares de Jolvi Rodríguez relataron que los
pistoleros vestían uniforme de camuflaje y viajaban en dos camionetas 4x4.
Sospechaban de militares al servicio de otros mineros ilegales. Los agentes de
la Divincri de Trujillo no descartan que miembros del Ejército y de la Diroes
de la PNP estén vinculados con el asesinato de Jolvi Rodríguez. La
investigación sigue en curso. ( La República, Pág.
4,5 )
EL FRACASO DEL
ESTADO CONTRA LA MINERÍA ILEGAL
En Pataz, una patrulla del
Ejército retuvo violentamente a un equipo policial que investigaba redes
vinculadas a la minería ilegal. Ello ocurre mientras la fiscalía investiga
presuntos nexos militares en el asesinato de un actor ligado a ese circuito
criminal. Lo anterior es una escena tan grave como reveladora de la profunda
crisis peruana, ahora con fuerzas estatales enfrentadas en medio de disputas
alrededor del oro ilegal. Lo que allí ocurrió expone el deterioro de la
autoridad pública en territorios donde las economías criminales han ganado
capacidad para corromper e incluso desafiar al propio Estado. Durante años se
sostuvo que el crecimiento económico bastaba para garantizar estabilidad y
desarrollo. Es lo que muchos insisten a rajatabla como si de un mandamiento se
tratase. El país, en efecto, avanzó en reducción de pobreza, mejorando sus
niveles de inversión y, por ende, de consumo. No obstante, lo que no se veía
era que, mientras las cifras macroeconómicas mejoraban, el Estado se debilitaba
paulatinamente. Ese vacío fue ocupado por economías ilegales capaces de mover
millones, capturar autoridades y corromper instituciones enteras. Prueba de
ello es la forma de gobernar del pacto corrupto parlamentario. Pataz es el
síntoma más crudo de un deterioro incubado durante años bajo la tolerancia
política y la complacencia económica. ( La
República, Pág. 6 )
LA RUTA
CASTILLISTA A LA MISERIA
Por Omar Mariluz Laguna, periodista.
Las denuncias de fraude y las pugnas de egos en el bloque de centroderecha han
acaparado los titulares desde el 12 de abril. Sin embargo, este ruido político
solo ha servido para camuflar una amenaza mayor: mientras en este espectro
político se despedazan, el flanco radical de Roberto Sánchez y sus aliados
avanza silenciosamente. Como advertía el editorial de El Comercio, “hay
momentos en los que un país no puede darse el lujo de la dispersión”, y menos
cuando lo que está en juego son los pocos pilares que aún sostienen a esta
frágil democracia y economía. Es imperativo entender por qué el país no ha
quebrado todavía. Ha sido la apertura comercial y, sobre todo, la independencia
técnica del Banco Central de Reserva lo que ha permitido que, pese a tener 10
presidentes en 10 años, la economía lograra que 567.000 peruanos salieran de la
pobreza en el 2025. Sin embargo, el equilibrio es precario: el 25,7% de la
población aún es pobre y, lo más alarmante, uno de cada tres peruanos se
encuentra en situación de vulnerabilidad, a un solo problema de salud o falta
de empleo de caer en la miseria. En este escenario, el plan de gobierno de
Sánchez –extitular del Mincetur, lo que hace su propuesta aún más imperdonable–
es una ruta directa al abismo. Bajo el rótulo de ‘soberanía’, propone
renegociar los tratados de libre comercio (TLC) y forzar una industrialización
por decreto. Es la receta perfecta para el desastre. (
El Comercio, Pág. 45 )
