viernes, 28 de agosto de 2026

MONITOREO DE MEDIOS 28 DE AGOSTO (LIMA)

FISCALIZAR LA RUTA DEL ORO DEBERÍA SER PRIORIDAD FRENTE A LA MINERÍA ILEGAL

La minería ilegal representa uno de los principales desafíos del nuevo gobierno. En línea con ello, existe consenso entre los economistas en que las medidas prioritarias frente a la minería ilegal e informal no deben concentrarse únicamente en operativos policiales. Según la encuesta de agosto “Los principales economistas opinan”, elaborada por el Instituto Peruano de Economía (IPE), ocho de cada 10 entrevistados respaldaron el fortalecimiento de la fiscalización y la trazabilidad de la cadena de suministro del oro; siete consideraron que se debería proponer una nueva ley MAPE que incluya una formalización con fiscalización y acompañamiento efectivos; y seis se mostraron en contra de ampliar nuevamente el Reinfo. Para Carlos Gallardo, gerente general del IPE, la posición de los especialistas estaría asociada con el nulo resultado que han tenido las políticas públicas hasta la fecha. Destacó que las exportaciones del metal precioso de origen ilegal superaron los US$11,500 millones en 2025, 6.5 veces más que una década atrás, y que las denuncias por minería ilegal se han duplicado en el último quinquenio. ( Perú 21, Pág. 9 )

 

BOLIDEN TOMARÁ CONTROL DE NEXA RESOURCES EN EL 2027

La transacción contempla un intercambio de acciones con Votorantim y comprende tres minas polimetálicas y la fundición de Cajamarquilla. El acuerdo, sujeto a aprobaciones, también activará ofertas por títulos en manos de accionistas minoritarios. La sueca Boliden acordó adquirir el control de Nexa Resources a Votorantim mediante un intercambio de acciones, en una operación que cambiará la propiedad de uno de los principales grupos mineros y metalúrgicos con presencia en Perú. Votorantim transferirá sus acciones de Nexa y recibirá 0.250 acciones ordinarias de Boliden por cada acción de Nexa. Con la operación, prevista para el primer trimestre del 2027, Boliden espera alcanzar el 64.68% de las acciones y derechos de voto de Nexa, mientras Votorantim tendría cerca del 7% de Boliden. El cambio de control involucra directamente al negocio peruano. Nexa opera en el país las minas polimetálicas Cerro Lindo, Atacocha y El Porvenir, además de la fundición de zinc de Cajamarquilla, que la compañía califica como la mayor de América. Nexa continuará como entidad legal independiente, mantendrá su cotización en la Bolsa de Nueva York y, según Boliden, conservaría a su actual equipo gerencial. La compañía sueca ejercerá el control a través del directorio. ( Gestión, Pág. 7 )

 

ALPAYANA COMPRA ACCIONES DE GALANTAS

Alpayana SAC adquirió 91.3 millones de acciones comunes de Galantas Gold Corporation, equivalentes a aproximadamente 10.97% de la compañía canadiense, a unos US$ 0.30 por acción, por un monto total de aproximadamente US$ 27.7 millones (38.35 millones de dólares canadienses). La operación se realizó mediante un acuerdo privado de compra de acciones. Así, suma una nueva inversión en una firma canadiense. En julio, acordó invertir US$ 98.4 millones en Magna Mining. Galantas es una minera canadiense enfocada en el desarrollo del proyecto de oro y cobre Indiana, en Chile, además de contar con proyectos de exploración en Irlanda del Norte y Escocia. ( Gestión, Pág. 8 )

 

PIDEN ACELERAR LEY MAPE PARA EVITAR AMPLIACIÓN

La senadora Patricia Juárez, de Fuerza Popular (FP), pidió al Ejecutivo enviar lo antes posible al Congreso de la República el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), con el objetivo de avanzar en la formalización del sector. "Creo que la ley de mediana y pequeña minería debe ser presentada por el sector que corresponde cuanto antes al Congreso de la República para que sea debatida y analizada", afirmó la parlamentaria. Asimismo, Juárez consideró que los sectores políticos que el año pasado apoyaron la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no deberían poner trabas a la aprobación de una norma que considera importante para el sector minero. "Creemos que no debe haber más obstaculización de parte de algunos grupos políticos que lo que buscan es simplemente la ampliación, una vez más, del Reinfo", señaló Patricia Juárez, quien fue integrante de la Comisión de Energía y Minas de la pasada gestión congresal. (Expreso, Pág. 7 ) ( Correo- Pág. web )

 

LA SEXTA AMPLIACIÓN A LA VISTA

La lucha contra la minería informal e ilegal en nuestro país se encuentra atrapada en un bucle nocivo. Pasan presidentes, titulares del sector Energía y Minas y congresistas, pero el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) logra subsistir, a pesar de haber surgido como una medida temporal y haberse convertido hoy en un mecanismo de impunidad. Cada ampliación, desde su creación en el 2016 –hace ya casi una década–, es, en la práctica, una muestra implícita de la incapacidad del Estado para asumir y resolver el problema. Un tema complejo, sí; pero que amerita una respuesta urgente y no más dilaciones. Por eso mismo, llama la atención que el nuevo titular del sector, Guillermo Shinno, haya deslizado la posibilidad de que se otorgue una nueva prórroga del Reinfo, la que, para efectos prácticos, sería la sexta. Ha anunciado, además, que su cartera presentará una nueva propuesta de ley MAPE, adelantando su postura hacia medidas “ad hoc” para este sector y asegurando que “se le exige demasiado”, prácticamente lo mismo que a la “gran minería”. Pero, sobre todo, ha indicado que esta propuesta sería enviada al Congreso recién en noviembre; es decir, dentro de más de dos meses. Es ingenuo creer que una iniciativa de este tipo, presentada al límite del vencimiento de la última prórroga (el 31 de diciembre próximo), será consensuada, aprobada en las dos cámaras del Congreso y promulgada antes del plazo. El resultado de esta ecuación es más que obvio y solo hace recordar tiempos pasados. Pero el problema no es solo el umbral. ( El Comercio, Pág. 2 )

¿AMPLIACIÓN DE REINFO, SÍ O NO?

Por Iván Arenas. El Reinfo ha sido y es un fracaso. Tal como está diseñado, no solo perpetua la informalidad, sino que además es partera de la ilegalidad y da tal protección que no permite sanciones penales. Sobre el Reinfo, los gremios y organizaciones que defienden su continuidad, han construido relatos y narrativas tan poderosos (asociándolo con el pequeño minero o el minero artesanal) que se nos olvida que hay empresas millonarias que viene utilizando este registro sin mayor apego a una trazabilidad seria o cumpliendo con los estándares sociales, laborales y ambientales que se exigen. No debemos olvidar que hay plantas de procesamiento millonarias que utilizan este registro -como parte de su “debida diligencia” o trazabilidad-, no obstante, compran producción ilegal que ha sido camuflada como producción informal o en vías de formalización. Por más de 20 años, el Reinfo ha permitido que informales e ilegales y en otras ocasiones las mafias degraden la Amazonía. Hay 700 dragas en todo el Nanay, cuenca cuyas aguas son “potabilizadas” para el consumo de Iquitos. Asimismo, deforestan extensas áreas sin capacidad de regeneración y, peor aún, han logrado convencer a punta de dinero y balas a las comunidades nativas a que sean parte de la inmensa cadena productiva. No solo eso, hasta antes de la entrada de la señora Keiko Fujimori, había serios indicios de corrupción en algunas áreas del propio ministerio de Energía y Minas. Así las cosas, hablar de una ampliación del modelo Reinfo es sencillamente un absurdo y en eso todos coincidimos. El propio ministro Shinno lo ha indicado. El problema de tantas ampliaciones del Reinfo y de que no logremos la formalización de una buena vez tiene un origen: que el problema se define de manera política y no técnica. Por ejemplo, la Comisión de Energía y Minas, liderada por Juntos Por el Perú, no tiene ningún interés que el Reinfo termine porque su mirada es política, ideológica y ese partido es gestor de intereses del mundo informal que no quiere formalizarse. Si queremos formalización y -en general- potenciar la minería peruana, las decisiones con respecto al sector debemos sacarlas de las manos de la política y dejarlas en las instituciones técnicas. ( Perú 21, Pág. 7 )

 

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