ANA: 83% DE OPINIONES TÉCNICAS SE EMITIERON FUERA DEL PLAZO LEGAL
El inicio del proceso de reorganización de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA) responde a problemas de gestión de la entidad que limitan su capacidad
como autoridad técnica del recurso hídrico. El reto en el que se encuentra
trabajando el gobierno exige fortalecer esta gestión y la de sus órganos
desconcentrados. Una de las principales funciones de la ANA es determinar la
disponibilidad del agua, ordenar sus usos y anticipar los riesgos en cada
cuenca hídrica. Sin embargo, sus indicadores más recientes muestran avances
limitados en el cumplimiento de estas funciones. Por ejemplo, entre el 2017 y
2023, el porcentaje de usuarios formalizados disminuyó de 29% a 25%, lo que
dificulta identificar quién utiliza el recurso y controlar los volúmenes
extraídos. Los avances limitados se producen en un contexto de elevada rotación
directiva. Desde el 2021, los jefes de la ANA han permanecido apenas siete
meses en promedio, menos de la mitad de los 17 meses registrados en el
quinquenio anterior. Esta inestabilidad dificulta sostener una estrategia de
largo plazo. Las deficiencias de gestión de la ANA también retrasan grandes proyectos
de inversión, que requieren la aprobación de estudios de impacto ambiental.
Para ello, el Senace requiere opiniones técnicas vinculantes de varias
entidades, entre ellas la ANA, a la que consulta sobre los posibles impactos
sobre los recursos hídricos. Si estas opiniones se demoran, el Senace no puede
concluir la evaluación y el proyecto se retrasa. Entre el 2017 y marzo del
2026, el 83% de las opiniones solicitadas por el Senace a la ANA fueron
emitidas fuera del plazo legal, con valores mayores de incumplimiento en
proyectos de transporte, hidrocarburos y minería. Al considerar el conjunto de
intervenciones de la entidad en la evaluación de instrumentos ambientales
durante este período, los retrasos con respecto a los plazos legalmente
establecidos promediaron 20 días hábiles. Esta demora se elevó a 36 días en
minería y 33 días en electricidad. Así, los proyectos mineros enfrentan demoras
1,8 veces mayores que el promedio de los sectores. (
El Comercio, Pág. 16 )
ECONOMÍAS ILÍCITAS EN AL AMENAZAN LA INVERSIÓN
Las economías ilícitas en América Latina han dejado de ser un problema
circunscrito a la seguridad. El avance del crimen organizado, la minería ilegal
y el lavado de activos también empieza a alterar las condiciones para invertir,
competir y desarrollar actividades económicas en distintas zonas de la región,
sobre todo allí donde la presencia del Estado sigue siendo débil. Uno de los
mayores riesgos aparece cuando el dinero obtenido de actividades criminales
consigue entrar a la economía formal. A través del lavado de activos, estos
recursos buscan ocultar su origen ilegal y circular como si provinieran de
negocios legítimos. Una vez dentro del sistema, seguirles el rastro se vuelve
mucho más difícil y pueden terminar afectando la competencia y la transparencia
del mercado. Así lo advirtió Juan Andrés Medel, investigador asociado de la
Cátedra de Seguridad y Globalización del Instituto de Estudios Internacionales
de la Universidad de Chile, durante el conversatorio Economías ilícitas: el
costo oculto para la competitividad y la inversión en América Latina,
organizado por la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito (CLCI) de la
Sociedad Nacional de Industrias (SNI). ( La
República, Pág. 20 )
EL FUTURO QUE LLEGÓ Y TODOS SABÍAMOS
Por Omar Mariluz Laguna, periodista. La minería ilegal asesina, extorsiona
y envenena al país. El violento secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y el
asesinato de sus cuatro acompañantes en la madrugada del domingo tienen como
telón de fondo a este cáncer, que no ha parado de crecer, y la captura de
‘Jhonsson Pulpo’, el cabecilla de Los Pulpos, no detendrá su avance. “Yo vengo
del futuro”, me dijo hace tres años el mexicano Fernando Eguiluz, gerente
general del BBVA en el Perú, advirtiéndome que nuestro país había tomado la
misma ruta de criminalidad y violencia que México, un país tomado por los
cárteles. Nadie debería sorprenderse. Lo de Trujillo –falso operativo policial,
fusiles de asalto, rescate millonario, cuatro ejecuciones para no dejar
testigos– no cayó del cielo. Se construyó, año tras año, con la complicidad
activa de nuestra clase política. El Reinfo, que debía formalizar a los mineros
artesanales, terminó siendo su escudo legal. Y no por accidente: el Congreso
que se fue amplió su vigencia una y otra vez –en el 2019, 2021, 2024, junio y
diciembre del 2025– con votos de casi todas las bancadas, incluida la del
partido que hoy gobierna. Cada extensión fue un cheque en blanco para que Los
Pulpos y La Jauría consolidaran su control sobre Pataz sin miedo a la ley. De
84.318 inscripciones, casi el 80% terminó suspendido y apenas 2.200 se
formalizaron de verdad. El resto operó, y sigue operando, protegido por ese
papel. Los gobiernos de turno tampoco pelearon en serio. La minería ilegal no
es discreta: se ve desde el aire, se mide en toneladas de mercurio vertidas en
la Amazonía, se cuenta en fosas comunes. Y, sin embargo, más de una
investigación periodística ha documentado cómo este negocio recluta no solo
congresistas, sino policías, militares, jueces y fiscales. No es un puñado de
corruptos aislados: es la captura sistemática de cada una de las instituciones
llamadas a combatirla. ( El Comercio, Pág. 45 )
