BUENAVENTURA EVALÚA SOCIOS PARA PROYECTO TRAPICHE
Compañía de Minas Buenaventura, productora de oro, plata y cobre, conversa con potenciales socios extranjeros para desarrollar Trapiche, su proyecto cuprífero en Apurímac. Sin embargo, todavía no ha concretado ninguna alianza. Roque Benavides, presidente del Directorio de la compañía, señaló que los interesados provienen de China, Reino Unido, Japón, Chile y Estados Unidos. Trapiche requerirá una inversión superior a los US$ 2,000 millones y entraría en producción entre el 2031 y el 2032. “Hemos conversado con diversas compañías interesadas y aún no hemos concretado. Lo que estamos haciendo nosotros (Buenaventura) es avanzar con los estudios de factibilidad del proyecto, a fin de agregarle valor”, explicó en el marco de Andesmin 2026, que se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Ayacucho. En agosto, la minera adelantó a Gestión que evaluaba incorporar un socio estratégico en Trapiche para compartir el riesgo de construcción, aunque con la intención de mantener la operación del activo. ( Gestión, Pág. 7 ) ( Perú 21- Pág. web )
CAE BANDA
DEDICADA A LA MINERÍA ILEGAL EN PATAZ
Una operación conjunta de la
Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, iniciada en las primeras
horas de la madrugada, permitió la detención de 12 personas señaladas de
integrar la organización criminal Los Parqueros del Jota. Las intervenciones
policiales se llevaron a cabo de manera simultánea en la provincia de Pataz,
así como en las localidades de Trujillo, Chepén, Huamachuco y Lima. De acuerdo
con las fuentes policiales, la banda dedicada a la minería ilegal y al robo de
mineral operaba con un esquema logístico desplegado desde la capital regional.
“Se abastecían clandestinamente de explosivos, armas y municiones en Trujillo”,
detallaron. Para consolidar el control de los yacimientos de oro en Pataz, los
investigados empleaban distintos métodos de sabotaje contra la infraestructura
eléctrica y minera de la zona. Las autoridades explicaron que los detenidos
utilizaban cargas explosivas “para destruir torres de alta tensión y provocar
apagones que facilitaban la extracción ilegal de oro”.
( Perú 21, Pág. 16 )
NECESARIA PERO
NO SUFICIENTE
El registro de homicidios
por cada 100.000 habitantes en distintos distritos del país, y entre setiembre
del 2025 y agosto de este año arroja un resultado más que alarmante en Pataz
(La Libertad): 315. Tal cifra representa más del doble de la que se registró en
otro distrito, que ocupa el segundo puesto en ese fatídico ránking: Ananea
(Puno), donde la tasa de asesinatos medida con el mismo criterio es de 145.
Estos territorios y muchos más que siguen en la lista, como Inambari o
Laberinto (Madre de Dios), son distritos donde existe minería informal o
ilegal. Otros como Unión Asháninka (Cusco) o Zarumilla y Papayal (Tumbes) están
asociados al cultivo de la coca o al tráfico de drogas en general. La
conclusión es evidente: la prominente presencia de organizaciones criminales en
esas zonas explica la violencia que campea en ellas. La respuesta de las
autoridades a esa situación ha sido, en muchos casos, declarar la emergencia
para permitir, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas participen junto a la
Policía Nacional del Perú en el control del orden interno. En Pataz, en
particular, ese estado de excepción lleva ya más de dos años vigente; sin
embargo, los homicidios continúan al alza. Eso no quiere decir, desde luego,
que esa medida no sea necesaria –habría que preguntarse hasta dónde podría
haber escalado el número de asesinatos de no haberse decretado la emergencia–.
Pero necesario no es lo mismo que suficiente y aquí tenemos un claro ejemplo de
ello. Parte del problema, según señaló a este Diario el especialista en
economías ilegales Iván Arenas, radica en el hecho de que las autoridades
presentes en los lugares en cuestión pueden estar “permeadas por las mismas
actividades que deberían combatir”. Es decir, pueden estar infiltradas. ( El Comercio, Pág. 2 )
A DIOS ROGANDO
Por Víctor Fuentes, gerente
de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE). La exploración
es una actividad de alto riesgo: se pueden gastar millones, hacer todo bien y,
aun así, no hallar un yacimiento rentable. Esas apuestas son clave para
descubrir nuevos depósitos que reemplacen a los que se agotan y sostengan la
producción, el empleo y los recursos fiscales. Aunque parecería razonable
facilitar la búsqueda, la permisología peruana hace esperar a los
inversionistas, casi como si quisiéramos darles tiempo de reconsiderar su
entusiasmo. La geología tampoco facilita el desafío. Según S&P Global, la
profundidad promedio de perforación para cobre en el mundo aumentó casi 50%
desde el 2010. En hidrocarburos, cerca del 70% de los nuevos recursos
recuperables descubiertos en el 2025 provino de aguas profundas o
ultraprofundas. Estas condiciones exigen equipos, tecnología y operaciones más
complejas. Es decir, hace falta comprometer más recursos antes de saber si
habrá un negocio viable. Con proyectos más caros y riesgosos, los países
compiten por un presupuesto de exploración limitado, y en esa competencia el
Perú ha perdido terreno. Atrajimos el 4,6% del presupuesto global de
exploración minera en el 2025, frente al 6,3% en el 2018. En hidrocarburos, el
retroceso es más severo: pasamos de 47 perforaciones exploratorias entre el
2011 y el 2015 a apenas tres entre el 2021 y el 2025. “A Dios rogando y con el
mazo dando”, dice el refrán. En el Perú, sin embargo, ponemos obstáculos
incluso a quienes están dispuestos a empuñar el mazo.
( El Comercio, Pág. 8 )
