FALENCIAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y DEL USO DEL CANON
Aun cuando se tiende a medir la eficacia de la gestión
estatal a través de la ejecución presupuestal de la inversión pública, esa
métrica no asegura que los impuestos de los contribuyentes se traduzcan en
intervenciones de impacto.
El Ministerio de Economía y Finanzas creó hace unos
años un esquema de incentivos que premiaba al gobierno regional con mayor
ejecución presupuestal y reiteradamente Áncash lideraba el ránking.
Lamentablemente, esa mayor ejecución no se tradujo en
mayor bienestar para la población, y peor aún su gobernador regional fue
sentenciado por corrupción. En general, la eficiencia del gasto es fundamental,
ya que la limitada disponibilidad de recursos es una condicionante real. Sin
embargo, esto último no puede ser la excusa para justificar la incapacidad
estatal para mejorar la calidad de los servicios que presta.
Resulta paradójico que las regiones más ricas en
recursos naturales y que han recibido enormes transferencias fiscales se
ubiquen entre las que exhiben brechas sociales persistentes. Más aun, no tiene
lógica exigir un mayor pago de tributos a las empresas mineras, cuando el
Estado ha sido incapaz de utilizar la renta generada con eficiencia,
transparencia y efectividad.
La responsabilidad en la prestación de educación y
salud recae principalmente en los gobiernos subnacionales y estos no han
logrado dotar de servicios de calidad a la población. Antes de empoderar aún
más a las regiones como pretende el presidente Castillo, sería prioritario
abordar las falencias de una descentralización incompleta que no ha logrado
estar más cerca de los peruanos que con legitimidad se sienten marginados.
Desde el inicio de la bonanza de las materias primas
en el 2004, la renta minera ha aportado una enorme cantidad de recursos
presupuestales a los gobiernos regionales y locales por concepto de canon y
regalías mineras.
En los últimos 15 años, se transfirieron recursos a
las regiones productoras por S/64.000 millones.
Sin embargo, la deficiente ejecución presupuestal no
ha permitido que estos recursos se traduzcan en un mayor bienestar ciudadano.
La ejecución del canon minero de los gobiernos subnacionales no supera el 70% y
se ha venido deteriorando en el caso de los gobiernos locales, pasando de 70,3%
a 58,7% en la última década.
Más grave aún, las inversiones públicas financiadas
por el canon minero no han tenido un impacto significativo en materia social.
Un análisis desarrollado por Videnza Consultores concluye que una mayor
asignación de canon per cápita no está correlacionada con mejores niveles de
vida, tanto a nivel distrital como regional.(El Comercio,Economía,Pág.17)(El
Comercio-Pág.web)
Para mayor información, acceder al siguiente enlace:
https://elcomercio.pe/economia/peru/falencias-de-la-descentralizacion-y-del-uso-del-canon-por-luis-miguel-castilla-opinion-noticia/
