GESTIÓN PARA PROMOVER INVERSIONES
El Ministerio del Ambiente
(Minam) impulsa una gestión ambiental moderna y eficiente que contribuya al
desarrollo de grandes inversiones sostenibles, garantizando al mismo tiempo la
protección del ambiente y los recursos naturales, afirmó el ministro del
Ambiente, Vladimiro Huaroc. Dijo que este trabajo responde al encargo de la
presidenta de la república de contribuir al avance de planes de inversión y se
desarrolla con las entidades de certificación ambiental. ( El Peruano, Pág. 7 ) (Agencia Andina )
GOLPE A LA
MINERÍA ILEGAL
En una contundente acción
contra la minería ilegal, el Comando Operacional del Sur y la Policía Nacional
asestaron un golpe económico de más de 13 millones de soles a las
organizaciones criminales vinculadas a esta actividad ilícita durante una
operación helitransportada conjunta e integrada. La intervención se llevó a
cabo el 10 de setiembre en los sectores de Platanal I, Platanal II, Tambopata y
Barrial 2, ubicados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en
Madre de Dios. ( El Peruano, Pág. 5 ) ( Agencia
Andina )
EL ORO ILEGAL
DE PATAZ, TRAS EL CRIMEN DEL HERMANO DEL ALCALDE, SEGÚN LA PNP
Hace cinco días, Homero
Armas Villalobos fue baleado en la madrugada cuando salía del restaurante de
caldos Fonseca, en el distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo. El hombre
de 35 años fue llevado a la Clínica Sanna, donde falleció horas después.
Recibió entre cuatro y seis disparos. Desde ese momento la Policía empezó a
investigar. Los antecedentes del fallecido les hicieron apuntar a un solo
lugar: Pataz. Homero Armas registraba tres carpetas fiscales por usurpación
agravada, hurto simple y entorpecimiento de servicios públicos. Estaba inscrito
en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) desde septiembre de
2020. Un año después, la compañía minera Poderosa pidió que lo excluyeran del
mismo alegando que operaba en un área autorizada a la empresa. El Consejo de
Minería declaró infundado su recurso para permanecer en el registro. Fue una
resolución formal. Por esos años, Armas también fue investigado junto a su
hermano, el alcalde distrital de Pataz. (Perú 21,
Pág. 7 )
MATARON A 37
LÍDERES AMAZÓNICOS Y OTROS 43 ESTÁN BAJO AMENAZA
Los asesinatos, ataques e
intimidaciones en contra de defensores y defensoras indígenas, en represalia
por proteger sus territorios, son alarmantes. James Pérez Pacaya ha dedicado
gran parte de su vida a salvaguardar a su pueblo, lo que ha mortificado a las
mafias que depredan los bosques amazónicos, que le han jurado que pagará con su
vida. Como presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación
del Bajo Puinahua (Loreto), James Pérez sabe que su cabeza tiene precio, por lo
que debe andar con un chaleco antibalas, incluso cuando acude a representar a
su pueblo en diálogos con representantes del Estado. James Pérez Pacaya es uno
de los 43 defensores y defensoras en situación de peligro, según los registros
de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Un
estudio exhaustivo de esa organización ha identificado las principales amenazas
que afectan a los pueblos indígenas y a quienes ejercen la defensa territorial,
evidenciando la estrecha relación entre el avance de las economías ilegales y
la vulneración de derechos colectivos. ( La
República, Pág. 12, 13 )
MINERÍA, ENTRE
EL DISCURSO Y EL TRÁMITE
Por Paola Bustamante,
directora de Hágase Instituto. Hace unos días, en la inauguración de Expomina, la
presidenta Keiko Fujimori dijo lo que buena parte del sector empresarial
llevaba años esperando escuchar: “el Estado debe dejar de ser una barrera
burocrática para el inversionista y nuestros ciudadanos, y convertirse en un
facilitador del desarrollo”. Señalando que la minería moderna y responsable
debe generar riqueza, pero también confianza entre el Estado, las empresas, los
trabajadores y las comunidades. Prometió predictibilidad y “decisiones dentro
de plazos razonables”, y anunció un grupo de trabajo entre los ministerios de
Energía y Minas y del Ambiente para destrabar los proyectos más grandes,
indicando que hay 67 proyectos mineros por cerca de US$64.000 millones
esperando ese destrabe. Cuatro días antes, el 5 de setiembre, el Ejecutivo
había aprobado -por Decreto Supremo N.º 127-2026-PCM- la Política General de
Gobierno 2026-2031, la hoja de ruta oficial del quinquenio, organizada en cinco
ejes: seguridad ciudadana, resiliencia frente a desastres y cambio climático,
desarrollo humano, productividad y empleo, y gobernanza democrática. La minería
no aparece nombrada como tal, pero vive exactamente en el cruce de dos de esos
ejes: la productividad, que promete predictibilidad regulatoria e inversión
segura; y la seguridad, que promete recuperar el control territorial frente a
las economías ilegales. En ese cruce se juega buena parte de la credibilidad
del nuevo gobierno. Empecemos por el trámite. Según cálculos de Apoyo
Consultoría difundidos en el propio Expomina, un proyecto minero requería 12
procedimientos administrativos en 2001; hoy requiere 265, repartidos entre
cerca de 30 entidades del Estado y regulados por unas 470 normas distintas. Los
estudios de impacto ambiental demoran, en promedio, 2,5 veces el plazo legal;
sus modificaciones, entre 5 y 6 veces más. Un permiso de uso de agua que
debería resolverse en 36 días puede tomar hasta 360. El Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú plantea una salida sensata y, sobre todo, factible sin pasar
por el Congreso; reemplazar la secuencia de permisos uno tras otro por una
revisión en paralelo, con una ventanilla única digital donde todas las
entidades vean el mismo expediente a la vez, como ya ocurre en Chile, Canadá o
Australia. Eso cortaría el plazo de siete a tres años. Su presidente, Juan
Carlos Ortiz, lo resumió claramente: no hace falta una reforma legal, hace
falta voluntad política. ( El Comercio, Pág. 10 )
