¿EL CONGRESO DEFIENDE A LA MINERÍA MODERNA?
Para nadie es un secreto que
las economías informales e ilegales han terminado en varias ocasiones
financiando la política en todos los niveles. En ese sentido, varios
congresistas de la actual legislatura han sido acusados o sindicados como —si
no representantes directos— por lo menos allegados a las economías ilegales e
informales. Así, además, estos congresistas habrían o continuarían siendo
financiados por estas economías.
Tenemos entonces un
problemón, como se suele decir en el argot callejero. Las economías informales,
pero sobre todo las economías ilegales tanto de minería como algunas más,
pueden financiar campañas, candidatos, incidir directamente en la política y en
las decisiones de políticas públicas. El problemón es aún peor porque el sector
empresarial formal, que tributa y cumple las normas ambientales, sociales y
laborales, está maniatado y limitado para siquiera contribuir en una campaña
política o en una campaña de comunicación que promueva la defensa de la
economía de mercado. Vale recordar que la reforma política-electoral pasada
prohibió en absoluto el financiamiento de personas jurídicas, es decir empresas
formales a las campañas políticas.
¿A qué vamos con todo lo
anterior? A que finalmente en el Congreso se termina defendiendo a cualquier
otro tipo de economías menos a la formal. Por ejemplo, en el caso de la
minería, hay congresistas que defienden la posibilidad de una formalización de
cientos de mineros informales (que debe darse sí o sí), pero no se defiende con
total claridad a la minería moderna que paga impuesto y es el “sueldo del
Perú”. ¿Hay acaso en los últimos años registro de que alguna bancada promercado
haya defendido a la minería moderna de los ataques violentos o los mitos
antimineros con absoluta claridad? (Perú 21, Opinión, Pág.6)
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