GOBIERNO RECHAZA ATAQUE ARMADO EN PATAZ Y REFUERZA LUCHA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL
El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, expresó su rechazo al ataque armado ocurrido en el sector Papagayo, anexo de Vijus, en la provincia de Pataz, hecho que dejó víctimas mortales. El funcionario calificó lo sucedido como un "hecho criminal grave" y señaló que el caso ya es materia de investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional. En declaraciones a la Red de Comunicación Regional (RCR), el titular del sector sostuvo que la violencia armada no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia y recalcó que "no tienen cabida en ninguna actividad productiva". Además, señaló que lo ocurrido evidencia que la minería ilegal ha superado el ámbito ambiental y se ha consolidado como una amenaza criminal organizada. ( El Peruano, Pág. 3 ) ( Correo- Pág. Web )
CONOCIDOS ANTIMINEROS
Y CANDIDATOS CON REINFO POSTULAN AL CONGRESO
Enarbolan la defensa del
medio ambiente y de las tierras de las comunidades campesinas para oponerse a
los grandes proyectos mineros del país. Perú21 ha identificado en las listas al
Senado y a la Cámara de Diputados a cuatro activistas antimineros con amplia
exposición mediática. La campesina cajamarquina Máxima Acuña (55) postula a la
Cámara de Diputados como invitada, con el número 2, en el Partido de los
Trabajadores y Emprendedores (PTE). Se convirtió en un símbolo de oposición al
proyecto minero Conga, impulsado por Yanacocha, al defender desde 2011 sus
tierras en Sorochuco, Cajamarca. Posteriormente, el proyecto quedó suspendido.
En la misma lista de invitados del PTE, pero para el Senado, figura con el
número 19 el exdirigente indígena amazónico de AIDESEP, Alberto Pizango (61).
Alcanzó notoriedad al encabezar la oposición a los decretos legislativos 1015 y
1073, de 2008, que -según denunció- permitían inversión privada -como
concesiones petroleras, gasíferas y mineras- sin consulta previa, porque
facilitaban la venta de tierras a las comunidades campesinas y nativas. ( Perú 21, Pág. 2 )
FISCALÍAS
DESBARATARON 83 BANDAS Y ENCARCELARON A 521 MINEROS ILEGALES
De enero a noviembre del
2025 las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada (Feccor)
lograron desbaratar 83 redes criminales, 14 de ellas en Lima y 69 en
provincias, según informó el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina. Asimismo,
explicó que las Feccor lograron obtener sentencias condenatorias contra 521
personas de un total de 169 resoluciones judiciales (46 en Lima y 123 en
provincias)."En Lima se obtuvo condenas de 126 personas y 33 fueron
absolutorias (159) mientras que en provincias fueron 395 las personas
condenadas y 92 casos fueron absolutorias (487)", dijo Chávez Cotrina. El
año pasado también hubo 812 condenas contra mineros ilegales, traficantes de
maderas, fauna y pesca. El pasado 12 de agosto del 2025 el Juzgado Penal
Colegiado de Tambopata condenó a 8 años de pena efectiva a cuatro mineros
ilegales detenidos en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal
Amarakaeri, ubicada en el ámbito de la comunidad nativa San José de Karene, en
Madre de Dios. ( República, Pág. 3 )
LOS GORE
MANEJAN RECURSOS SIN LOGRAR RESULTADOS
El premier Ernesto Álvarez
se refirió al comunicado de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
(ANGR), que cuestiona la estrategia del Ejecutivo en la lucha contra la
criminalidad, luego del asesinato de tres pobladores en la bocamina Papagayo,
en la mina Poderosa, en el distrito y provincia de Pataz, región La Libertad.
“Durante décadas, los gobiernos regionales han usufructuado esa autonomía para
manejar recursos del pueblo sin lograr eficiencia ni resultado alguno. El tema
de Pataz es un tema de minería ilegal que viene de décadas anteriores y que
ningún gobierno enfrentó porque, claro, nadie estaba dispuesto a asumir el
costo político", declaró a RPP. Asimismo, advirtió que los gobiernos
regionales (Gore) también son responsables de los problemas en la minería
ilegal”.( Expreso, Pág. 7 )
ALERTAN
RELACIÓN DE MINEROS ILEGALES CON EL CONGRESO
El experto en temas mineros,
Iván Arenas, sostuvo que la ampliación del Registro Integral de Formalización
Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 obedece a cercanías con un sector del
Congreso vinculado a la minería ilegal. En ese sentido, puso como ejemplo a los
congresistas llich López, Roberto Sánchez, Guido Bellido, Paul Gutiérrez y
Víctor Cutipa, quienes en su discurso aseveran que existe una
"criminalización hacia la minería informal y artesanal", cuando en la
práctica no sucede ello. ( Expreso, Pág. 7 )
FAMILIARES DE
ASESINADOS EN PATAZ EXIGEN JUSTICIA
En medio de dramáticas
escenas de dolor, familiares de las tres víctimas asesinadas durante un
enfrentamiento armado en el interior de una bocamina de la empresa minera
Poderosa, en el anexo de Vijus, en Pataz, llegaron hasta la dependencia
policial de la jurisdicción para exigir que este hecho de sangre no quede
impune. Los deudos también pidieron que el presidente de la República, José
Jerí, se pronuncie y se investigue este caso a fondo. "Todos queremos
justicia, por favor", indicaron. El atentado criminal ocurrió la noche del
31 de diciembre, en la zona de "Papagayo" del sector La Morena, en el
distrito de Pataz. Según un comunicado emitido por el Comando Operacional del
Norte de las FF.AA., dos grupos presuntamente dedicados a la minería ilegal se
enfrentaron a balazos por el control de una bocamina, propiedad de la minera
Poderosa. ( Correo, Pág. 10 )
DE LOS
SOCAVONES A LAS URNAS
En las últimas horas del
2025, un enfrentamiento a tiros entre mineros no legales en Pataz dejó tres
muertos. La provincia liberteña cerró así un año sangriento, en el que casi 50
personas murieron producto de las pugnas por el control del mineral entre grupos
criminales y cuyo capítulo más cruento se registró en mayo, cuando 13
trabajadores de seguridad fueron secuestrados, torturados y asesinados en el
interior de un socavón por la banda Los Parqueros. Pero es justo decir que el
2025 no solo fue un año donde vimos a esta economía criminal abrirse paso e
imponer su control a balazos en varios puntos del territorio nacional, sino
también uno en el que presenciamos la renuncia de las autoridades a hacerle
frente. Desde el Congreso, por ejemplo, se pateó durante la segunda mitad del
año pasado la discusión de una ley que estableciera por fin un marco normativo
realista para formalizar a decenas de miles de mineros informales. ( El Comercio, Pág. 2 )
IMPIDEN
NECROPSIAS DE FALLECIDOS EN PATAZ Y COMPLICAN INVESTIGACIONES
El fiscal provincial
coordinador de las fiscalías penales en Pataz, Enrique Valverde, expresó su
solidaridad con los familiares de las personas fallecidas en recientes hechos
de violencia, pero advirtió que la negativa a permitir el traslado de los
cuerpos para la necropsia de ley está retrasando las investigaciones. En
entrevista con Canal N, explicó que esta resistencia impide recoger evidencia
forense clave para esclarecer los hechos. Valverde aseveró que, cada vez que la
Comisaría de Vijus reporta un delito, la fiscalía coordina de inmediato
acciones con la Policía Nacional y el Ejército. No obstante, remarcó que en
Pataz existen "problemas estructurales y sociales" que dificultan las
diligencias, especialmente en localidades pequeñas. El fiscal detalló que los
cuerpos de tres trabajadores fallecidos tras un enfrentamiento armado dentro de
un socavón aún no han sido sometidos a necropsia, debido a que familiares y
vecinos bloquearon su traslado. ( El Comercio, Pág.
8 )
VIOLENCIA A
TODA MÁQUINA
Empiezan a correr los
primeros días de enero y el Gobierno tiene ahora el gran reto de convertir su
lema ("¡El Perú a toda máquina!") en resultados concretos. Pasar de
los gestos mediáticos, de las promesas de acción inmediata, a mostrar cifras y
logros en los principales problemas que su gobierno se ha comprometido a
afrontar en lo que le queda de mandato. El principal de ellos, el que más
preocupa a los peruanos, qué duda cabe, es el de la inseguridad ciudadana y el avance
de las economías ilegales en casi todos los ámbitos de la vida nacional. Un
tema que tiene ya hace tiempo el carácter de urgencia. Sin ir demasiado lejos,
horas antes de que terminara 2025 se produjo un nuevo ataque criminal en Pataz,
en la bocamina de Papagayo. Una balacera que dejó tres muertos. La empresa
Poderosa señaló que el enfrentamiento se habría producido en un sector donde
operan grupos dedicados a la minería ilegal que se disputan el control
territorial. ( Perú 21, Pág. 4 )
PATAZ, UNA
PAPA CALIENTE
Por Iván Slocovich Pardo,
director de Correo. El accionar delictivo y criminal de grupos armados
vinculados a la minería ilegal en la provincia de Pataz, región La Libertad,
sigue siendo una papa caliente que ha pasado de la administración de Dina
Boluarte a la de José Jerí, y sin duda llegará a manos de quien lo releve, el
que deberá poner en marcha, esta vez sí, un plan para erradicar a esta gente
que es producto del desgobierno nacional y local, la desidia y el apoyo que la
extracción al margen de la ley ha tenido de forma abierta en el Congreso aún en
funciones.(Edición sábado). Está quedando claro que los estados de emergencia y
la presencia de tropas, o al menos solo eso, no son la solución a una situación
desde hace tiempo desbordada y que ha costado muchas vidas, al mismo tiempo que
varios millones de soles a empresas privadas que en teoría cuentan con la
protección de las fuerzas del Estado. Lo último ha sido el asesinato de tres
personas en el ingreso a una mina de Poderosa, quizá la más golpeada por esta
ola de violencia en la provincia de Pataz. ( Correo,
Pág. 9 )
UN 2026 SIN LA
VIOLENCIA DE PATAZ
Por Mariella Balbi. A fines
del 2025 la explotación de oro en Pataz (La Libertad) cobró más muertos. El
precio exorbitante en el mercado mundial de este metal activa lo más insano en
el ser humano, llegando a crueles asesinatos. En mayo del año pasado la noticia
nos reventó en la cara: 13 asesinados en Pataz, los ataron, algunos fueron
torturados y luego los liquidaron. El gobierno de Dina Boluarte reaccionó
decretando estado de emergencia por 30 días y toque de queda. Se suspendió la
actividad minera, criticada por los empresarios de la zona, y se creó una base
militar. Fuertes medidas que, si bien amainaron la violencia en Pataz, no la
desaparecieron. Se realizó trabajo de inteligencia, que no continuó. El régimen
de Jerí mantiene al actual director de la Dirección de Inteligencia Nacional,
Alejandro Oviedo, nombrado en junio del 2025, pese a estar próximo a ser
juzgado por corrupción, peculado y negociación incompatible. ( Expreso, Pág. 10 )
