73% DE ELECTORES EXIGE POSTURA FIRME DE NUEVO PRESIDENTE ANTE MINERÍA ILEGAL
El electorado exige a los candidatos al Congreso y a la presidencia de la República mano dura contra la minería ilegal, que ha dejado de ser un problema sectorial para transformarse en una amenaza económica, social, política y ambiental. El tema tiene potencial de convertirse en ‘issue’ electoral con capacidad de influir en las decisiones de voto. Según el estudio sobre "Percepción hacia la minería ilegal", elaborado por Ipsos para el colectivo País Seguro (PAS), el 73% de la opinión pública nacional considera "muy importante" que el candidato o candidata por quien vote en las próximas elecciones presidenciales tenga una postura firme contra esta economía criminal. Esta demanda de la población no es gratuita: el 43% considera que es la actividad ilícita que más dinero mueve en Perú, por encima del narcotráfico, percepción que ha aumentado respecto a la medición anterior, consolidando a la minería ilegal como una amenaza multidimensional. Existe un amplio consenso en la opinión pública en que este fenómeno afecta a la economía, la sociedad, la política y el medioambiente: el 86% está de acuerdo en que se trata de un delito; el 83% considera que es perjudicial para el país, y el 80% señala que ha influido en autoridades del Congreso y de los gobiernos regionales. Asimismo, el 78% considera que la minería ilegal financia redes de crimen organizado y el 72% está de acuerdo en que representa una amenaza para sus familias y para sí mismos. Lo más grave es que la opinión pública no percibe control ni contención del problema. Más bien, existe una narrativa dominante de su expansión. El 66% asegura que la minería ilegal aumentó en el último año y el 66% que las autoridades no están tomando medidas para combatirla. ( Perú 21, Pág. 8-9 )
OCHO
CANDIDATOS PROPONEN CAMBIOS NORMATIVOS QUE AFECTARÍAN A LA MINERÍA FORMAL
Las concesiones mineras se
han vuelto un punto de alto interés en el país en un contexto de precios
récords del oro y el cobre, nuestro principal producto de exportación; además
del avance significativo de la minería ilegal, que invaden estos espacios, ante
el mínimo esfuerzo gubernamental por frenarlo. Esto también calza con intentos
desde el Congreso de la República de efectuar modificaciones normativas sobre
la Ley General de Minería, puntualmente sobre el ámbito de las concesiones
mineras y sus condiciones para atraer inversiones. La Comisión de Energía y
Minas del Parlamento aprobó, hace pocos días, un dictamen para reducir los
plazos de su caducidad y elevar los costos a su alrededor. De los 35 planes
revisados, este diario identificó que alrededor de la mitad (17) cuenta con
iniciativas sobre las concesiones mineras, aunque las dimensiones de su impacto
son diferentes. Lo preocupante que evidencia este análisis es que otros ocho
candidatos que tientan Palacio de Gobierno plantean propuestas de cambios sobre
el régimen de concesiones mineras que afectarían severamente al atractivo del
Perú como destino de inversión minera formal. Y con este desincentivo, se
concretan facilidades para un mayor avance y fortalecimiento de la minería
ilegal. Entre las iniciativas identificadas está que Roberto Sánchez, que
postula por Juntos por el Perú, propone la reducción del tiempo de caducidad de
las concesiones, de 30añosa 4 o 5 años para la pequeña minería y minería
artesanal. Por su parte, Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) apunta a
una reforma de mecanismos de otorgamiento de concesiones para "controlar
el destino de la producción, asegurar una participación de las comunidades
dueñas de la superficie en explotación en el accionariado de las empresas; y
revocar, caducar o expropiar concesiones `ociosas"". El punto del
accionariado se condice con el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y
Minas del Congreso. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), indicó que las propuestas de este
último grupo tienen un impacto negativo en el sector y que no se encuentra
sentido para la reducción de los plazos de las concesiones. “Con esta reducción
[de plazo] se generará que solo accedan a los recursos minerales, justamente,
quienes no saquen permisos porque el tiempo que demanda todos los procesos que
hacen los formales -obtener el permiso, comprar la tierra superficial, acuerdos
con comunidades- es mucho mayor a los que se proponen. En cambio, los ilegales
e informales solo invaden concesiones, terrenos, no pagan derecho y explotan la
tierra", comentó. Complementó: "Las reglas que se quieren crear son
para que nadie pueda desarrollar un proyecto formal y, por tanto, los
informales e ilegales tomen los minerales". (
Gestión, Pág. 2-3 )
LO QUE
PROPONEN OTROS POSTULANTES EN SUS PLANES
En detalle, son nueve los
que tienen propuestas que van alrededor de modernizar la Ley General de Minería
con plazos obligatorios de exploración y producción (Keiko Fujimori de Fuerza
Popular), considerando el panorama en competidores como Chile o Australia;
revisar la duplicidad, sobreposición de pequeñas y medianas concesiones
(Alfonso López-chau de Ahora Nación), entre otros. En el grupo que no cuenta
con referencias directas sobre este tema están Rafael López Aliaga (Renovación
Popular) y Carlos Álvarez (Partido País para Todos). También se visualiza que,
Francisco Diez Canseco (Perú Acción), busca que en un plazo "indefectible
y perentorio de un año", los actores mineros que poseen concesiones
mineras y vienen siendo rentadas a los mineros informales tendrán que producir,
"de lo contrario serán devueltas al Estado”. Roberto Chiabra (Unidad Nacional)
plantea también reducir los plazos de vigencia para las concesiones sin superar
los 10 años (no retroactivo). En todo este contexto de afectación a la
seguridad jurídica, Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la SNMPE, añadió que
un interés claro que se evidencia con estas propuestas es de un aprovechamiento
de años de inversión en conocimientos geológicos en favor de los informales e
ilegales. “Se trata de un intento de expropiaciones de reservas porque,
justamente, el punto que se ataca son las concesiones ya conocidas. Esta
inversión en conocimiento geológico es lo que ha permitido saber de una cartera
de proyectos por ejecutar de casi US$ 60,000 millones. Ahora se quiere
favorecer a quienes no han invertido, a las economías ilegales", remarcó. ( Gestión, Pág. 3 )
HUDBAY
OPTIMIZARÁ PLANTA DE CONSTANCIA
La canadiense Hudbay
Minerals presentó sus planes operativos para Perú como parte de su
actualización de reservas y proyección de producción a tres años. La compañía
destacó a la mina Constancia (Cusco), como el eje de su estrategia en el país
hacia este 2026 y los años siguientes. Para el periodo 2026-2028, proyecta que
su producción de cobre en el país alcance un promedio de 87,500 toneladas
anuales. Asimismo, prevé que en el 2027 y 2028 esta cifra aumente hasta aproximadamente
90,000 toneladas por año, impulsada por un mayor rendimiento de la planta y
mejoras en la eficiencia operativa. Uno de los principales componentes del plan
para este año es la optimización de la planta de procesamiento de Constancia
con la instalación de dos trituradoras de guijarros y modificaciones, en medio
del agotamiento del yacimiento Pampacancha, explotado entre el 2021 y 2025. ( Gestión, Pág. 12 )
PCM APRUEBA
PLAN INTEGRAL PARA PATAZ
La Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) aprobó el Plan de Desarrollo Integral de la provincia de
Pataz, en La Libertad, que incluye 119 intervenciones de distintos sectores,
con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y social de esta
jurisdicción. ( Gestión, Pág. 23 )
RIO SILVER
RECIBE PAGO DE REGALÍAS
La canadiense Rio Silver
Inc. anunció la recepción de un pago anticipado de regalías por US$ 100,000
como parte del acuerdo de opción suscrito con Magma Silver Corp. sobre el
proyecto de oro y plata Niñobamba (Ayacucho). Dicho desembolso marca el inicio
de una serie de compromisos financieros vinculados al desarrollo del activo,
considerado estratégico dentro de la cartera minera de la empresa en el Perú.
En virtud del acuerdo, Magma Silver puede adquirir el 100% del proyecto
Niñobamba, lo que contempla pagos totales iniciales ya recibidos y desembolsos
adicionales. (Gestión, Pág. 12 )
"SOMOS UN
ACTOR QUE LE DA VALOR AGREGADO AL COBRE EN EL PERÚ"
Indeco cumple tres cuartos
de siglo convirtiendo el cobre producido en el Perú en productos de valor
agregado, como el alambrón y los cables eléctricos; dos productos de uso
intensivo en muchos aspectos de la vida cotidiana. En ese lapso, la empresa ha
pasado por manos peruanas, estadounidenses, chilenas y, desde el 2008, por
manos francesas, a raíz de su adquisición de Nexans. "Vamos a seguir
trabajando para ser un electrificador puro", señala Alex García, gerente
general de Indeco by Nexans. ¿La marca Indeco opera solamente en el Perú?
Indeco significa Industrias del Cobre, y es la marca de Nexans en el Perú.
Nosotros exportamos a muchos países de la región, como Colombia, Chile,
Ecuador, Panamá, Costa Rica, Brasil y Honduras, ya sea con la marca Indeco o
con la marca Nexans. Pero la marca Indeco es la que está posicionada en el
mercado peruano como la más reconocida en el sector de cables eléctricos y con
la cual tenemos la mayor participación de mercado. ¿Qué participación de
mercado tienen en el Perú? De lejos, somos el primer productor de cables. Somos
la empresa más antigua y también el jugador más importante en todos los
segmentos en donde participamos: residencial, comercial, minero,
infraestructura y energías renovables. ( El
Comercio, Pág. 11, Día1 )
CORTE SUPREMA
ACABA CON LÍMITES A TERCERIZACIÓN LABORAL
Hace cuatro años, durante el
Gobierno de Pedro Castillo, con el Decreto Supremo 001-2022-TR, se limitó la
tercerización laboral; en concreto, se prohibía para el núcleo del negocio de
una empresa. En un contexto de diferentes pronunciamientos, quedaba pendiente
una opinión final clave: la de la Corte Suprema (CS). En el marco de una acción
popular presentada contra dicho decreto, la Sala de Derecho Constitucional y
Social Permanente declaró fundada la demanda. En términos prácticos, al
tratarse de una acción popular -mecanismo destinado a evaluar la
constitucionalidad y legalidad de normas reglamentarias-, el fallo supone que
el decreto supremo que restringía la tercerización en el núcleo del negocio carecería
de validez jurídica. El pronunciamiento de la Corte Suprema, además, marca un
punto de quiebre en una discusión que durante años enfrentó a entidades del
propio Estado, empresas y sindicatos, y que ahora entra en una nueva etapa,
donde la definición normativa podría trasladarse nuevamente al ámbito
legislativo. Gestión consultó con Jorge Toyama, abogado de Vinatea &
Toyama, quien comentó al respecto: "[Lo resuelto] muestra que la
tercerización está permitida en actividades, incluso nucleares. Se había
quedado en suspenso la norma, pero ahora la Corte Suprema deroga [el decreto
supremo]. Es un espaldarazo a favor de la tercerización". ( Gestión, Pág. 14 )
