EL GOBIERNO CANCELA EL INICIO DE EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO TÍA MARÍA
Mientras el país está
pendiente de las elecciones presidenciales y la guerra en Medio Oriente, el
gobierno de José Balcázar propina un duro golpe a la inversión privada con una
decisión controversial. Y es que el Consejo de Minería del Ministerio de
Energía y Minas (Minem) ha resuelto anular la autorización ministerial que
faculta a Southern Copper a iniciar actividades de explotación en el proyecto
Tía María (Arequipa). La medida entra en clara contradicción con la decisión
gubernamental de declarar de interés nacional la ejecución del megaproyecto de
US$1.800 millones. El Consejo de Minería, en su resolución del 19 de marzo,
justifica su decisión de anular la autorización otorgada por la Dirección
General de Minería (DGM), alegando que Southern habría incumplido con absolver
satisfactoriamente dos observaciones formuladas a su solicitud de inicio de
explotación. Una, la "observación 5.1, referida al diseño detallado de
botaderos", y la otra, "la observación 9, referida al cronograma de
ejecución de actividades [de explotación]”. Por ello ha resuelto devolver la
causa a la DGM para que evalúe, nuevamente, si la empresa "ha cumplido
totalmente" con absolver las observaciones. (
El Comercio, Pág. 8 )
MAYORÍA DE
CANDIDATOS SIN PROPUESTAS SOBRE PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE MINERALES
La minería ilegal en el país
no solo debe su fuerte expansión al incentivo por los precios récord de los
metales, como el oro y cobre, y la inacción del Gobierno, sino también a un
esquema que se muestra presto, en muchos casos, para el procesamiento de
minerales sin mayores interrogantes sobre su procedencia. Así la situación,
sobre las plantas procesadoras o de beneficio recae un gran protagonismo, en el
marco de la lucha contra este flagelo, que, ya lo han advertido distintos
expertos, financia el sicariato, extorsiones y más. Miguel Incháustegui,
extitular del Ministerio de Energía y Minas, recordó a Gestión que las plantas
se encargan de procesar los minerales para así elevar su valor comercial. En
los últimos años, estas aumentaron, principalmente en la costa, a fin de
atender los minerales que extraen los mineros de pequeña escala, artesanales,
entre otros. El problema está en que, entre la informalidad, se camufla la
ilegalidad. En una nueva revisión de los planes de Gobierno, Gestión analizó
qué proponen los más de 30 candidatos presidenciales sobre estos espacios
claves para la minería, más aún por su rol en la lucha contra la ilegalidad (o
su expansión descontrolada). De los 35 planes de gobierno en el portal del
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), destaca que 19 no cuentan con referencia
alguna a las plantas de procesamiento ni realizan apuntes relacionados
alrededor de esta fase de la producción minera. (
Gestión, Pág. 2-3 )
POR SER NULO,
YA NO ES NECESARIO DEROGAR DS QUE LIMITÓ TERCERIZACIÓN
Hace unos días, se conoció
una sentencia de la Corte Suprema que falló en contra de la vigencia del
Decreto Supremo 001-2022-TR. Con ello, finalmente se acabó la prohibición a la
tercerización laboral en actividades consideradas "núcleo del
negocio" que había sido impuesta durante el Gobierno de Pedro Castillo. Al
respecto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reforzó que el
decreto ya no será aplicado. "La Corte Suprema ha declarado nulo el
Decreto 001-2022TR", confirmó la viceministra de Trabajo, Yolanda Erazo,
en diálogo con Gestión. Tras la decisión de la Corte Suprema, la funcionaria
explicó que ni siquiera será necesario que el MTPE derogue el decreto del 2022.
"Tras ser declarado nulo y ser expulsado del ordenamiento jurídico, ya no
tenemos que emitir ningún documento adicional sobre el tema", anotó. ( Gestión, Pág. 13 )
UNACEM
FABRICARÁ CEMENTO CON TRANSEX
La cementera Unacem, con
operaciones en el sector de materiales de construcción, informó una iniciativa
para potenciar la operación de su holding en Chile. “Nuestra subsidiaria Unacem
Chile firmó un acuerdo con Cementos Transex, que le permitirá fabricar cemento
y alcanzar mayores eficiencias logísticas utilizando la capacidad instalada de
la planta industrial de Puente Alto en la Región Metropolitana", indicó.
La empresa opera en Chile a través de su filial Unacem Chile S.A., parte del
Grupo Unacem y enfocada en la producción de cemento y hormigón premezclado. La
subsidiaria inició operaciones en el 2018 y, en el 2024, adquirió plantas de
hormigón en San Antonio y Talca por US$ 1 millón, controlando así 12 plantas en
ese país. Sus inversiones superan los US$ 100 millones, según DF SUD. ( Gestión, Pág. 6 )
ESTADOS UNIDOS
APLICA ARANCELES AL COBRE
La Cámara de Comercio de
Lima advirtió que la nueva proclama presidencial de Estados Unidos introduce
cambios en el tratamiento arancelario aplicable a diversos bienes
manufactureros de cobre. Según la CCL, esto tendrá más impacto en las
exportaciones peruanas con valor agregado. Entre los productos afectados están
los alambres, barras, perfiles, chapas, bandas, hojas y accesorios, que podrían
enfrentar aranceles de hasta 50%. ( Perú 21, Pág. 9
)
PERÚ ACTIVA
DIÁLOGO CON EE.UU. Y EVALÚA MEDIDAS POR ARANCELES AL COBRE
Las exportaciones peruanas
de manufacturas de cobre enfrentarán un nuevo escenario adverso en el mercado
estadounidense. Una proclama presidencial del Gobierno de Estados Unidos
aplicará aranceles de hasta 50% a estos productos. A raíz de este
pronunciamiento, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señaló
que este intercambio busca explorar espacios de cooperación que permitan
mitigar el impacto de las nuevas medidas comerciales. Asimismo, indicó que el
Gobierno viene evaluando estas disposiciones en el marco de los compromisos
internacionales del país, con el fin de analizar sus posibles implicancias sobre
el comercio bilateral y la competitividad de la oferta exportable peruana. ( Expreso, Pág. 2, Supl. Eco. ) ( República, Pág. 11 )
MINEROS
ARTESANALES EXIGEN LEY PROPIA Y RECHAZAN REINFO
Mineros artesanales de
Arequipa plantearon un cambio en la política de formalización durante el I
Congreso Internacional de Minería. Simón Quispe Torres, dirigente del sector,
señaló que ya no buscan ampliar el Reinfo, sino una ley propia que permita su
actividad permanente. Indicó que cerca de 40 mil mineros enfrentan trabas
administrativas, debido a la centralización de trámites en Lima. Denunció
demoras de años en procesos de formalización, lo que obliga a algunos a operar
en condiciones informales. En el evento también se expusieron experiencias de
Chile, Colombia y Ecuador, donde la minería artesanal cuenta con mayor respaldo
estatal y marcos legales más claros. ( Correo, Pág.
10 )
"TENDREMOS
GUARDIA NACIONAL Y UNA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL"
Entrevista a José Williams
Zapata, candidato presidencial del Partido Avanza País. Con respecto a la
minería ilegal y lucha contra el narcotráfico. ¿Qué propone para fiscalizar la
actividad de la minería informal, de tal manera que contribuya al desarrollo
del país? Respecto al Reinfo, ¿se debe ampliar su vigencia? Mi bancada siempre
se ha opuesto a la minería ilegal. En principio tenemos que hacer todo lo
posible para formalizar a esos 30,000 mineros que tienen el Reinfo, ayudarlos
en ese objetivo. No se puede transar con la minería ilegal porque significa que
está en los cuerpos de agua, en las cabeceras de los ríos y en las zonas
intangibles. No solo hacen daño al medioambiente, sino que también generan un
daño colateral en la población que pasa a venderles servicios, como transporte,
gasolina, hoteles y todo lo demás. Son 12,000 millones de dólares que se van en
la minería ilegal, más que el narcotráfico, que genera 3,000 millones de
dólares. Tenemos que tomar el toro por las astas y enfrentar este flagelo. Los
buenos mineros que se formalicen y podrán progresar. Si nosotros encontramos
quiénes ponen el dinero en la minería ilegal, ahí se comienzan a caer las
cosas. Es lo que hay que hacer. ( El Peruano, Pág. 4-5 )
TERCERIZACIÓN
SIN NÚCLEO: ¿CÓMO QUEDA EL ESCENARIO EMPRESARIAL LUEGO DEL FALLO JUDICIAL?
Por Percy Alache, socio
líder de Servicios Laborales de PwC Perú. La reciente sentencia de la Corte
Suprema en la Acción Popular N°. 30989-2023 marca un punto de quiebre en la
forma de entender la tercerización en el país. Al dejar atrás criterios rígidos
como el "núcleo del negocio", la discusión ya no gira en torno a qué
se puede tercerizar, sino a cómo estos modelos operan realmente en la práctica.
El impacto es relevante. En el ámbito formal, más de 240 mil trabajadores
participan en modelos de tercerización e intermediación laboral, lo que
representa cerca del 7% del empleo formal privado, según estimaciones del INEI.
A nivel empresarial, estos modelos están ampliamente extendidos: alrededor del
74% de las empresas de servicios, 76% en construcción y 64% en minería los utilizan.
En la práctica, se concentran en actividades operativas y especializadas como
mantenimiento, transporte, logística, soporte productivo, así como en servicios
comerciales y de contacto con el cliente, incluyendo fuerza de ventas. Con el
nuevo escenario planteado por el fallo judicial, las empresas deben revisar
cómo están manejando la tercerización en el día a día. Y esa revisión se puede
resumir en tres preguntas clave: La primera es directa: ¿la tercerización se
está usando como una decisión bien pensada o solo como una forma de reducir
costos? En muchas empresas, el principal problema empieza desde el inicio. Son
las propias áreas internas las que contratan proveedores directamente, sin una
revisión clara, y muchas veces la decisión se toma solo por el precio, no por
la capacidad real del proveedor. Las empresas que están corrigiendo esto vienen
tomando medidas bastante concretas: ordenar quién contrata, revisar mejor los
proveedores antes de incorporarlos y establecer reglas claras según tipo de servicio.
( Gestión, Pág. 10 )
FIN A LA
AGENDA ANTIEMPRESA
Además de debilitar la
meritocracia en muchos ministerios y sus agencias adscritas -copándolos con
gente escasamente preparada-, el régimen de Pedro Castillo se dedicó a
entorpecer la iniciativa privada con "iniciativas" como la Agenda 19.
Consistente en una lista de cambios a la normatividad laboral en 19 temas
específicos. Fue presentada en septiembre del 2021 por el entonces titular del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Íber Maraví, sin haber
consultado ni coordinado previamente con los generadores de empleo, es decir,
los empresarios. Al mes siguiente, Maraví fue reemplazado por la hoy
sentenciada Betssy Chávez, quien prosiguió con las modificaciones establecidas
en la Agenda 19. El punto 7 de la lista era "evaluar la prohibición de la
tercerización de los servicios" y señalaba que el MTPE había elaborado un
proyecto de decreto supremo (DS) para modificar el Reglamento de la Ley de
Tercerización, excluyendo de su ámbito de aplicación al "núcleo del
negocio" de las empresas. El 23 de febrero del 2022, se emitió el referido
DS, que también establecía criterios para "identificar" el núcleo del
negocio, algunos de ellos bastante rocambolescos "por ejemplo, la
actividad de la empresa que genera un valor añadido para sus clientes".
Las empresas tuvieron seis meses para adecuarse al DS, o sea, para modificar
estrategias, planes, organigramas y presupuestos. (
Gestión, Pág. 4 )
OJO A LAS
PROPUESTAS
Por Alejandra Costa,
curadora de Economía del Comité de Lectura. En este espacio hace dos semanas
expresaba mi esperanza de que Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Alfonso
López Chau, que entonces lideraban las encuestas, utilizaran la segunda ronda
de debates para aclarar sus propuestas en materia económica y comentaba lo
nefastos que serían para el país los planes de Roberto Sánchez. Ese sueño no se
cumplió, pues los candidatos se dedicaron a defenderse y a atacar a sus
contrincantes, aunque López Aliaga sí encontró tiempo para prometer que su
gobierno apoyará a los mineros informales y Keiko Fujimori aguantó golpes y
recordó los logros del gobierno de su padre. López Chau resaltó sus planes para
el agro y Roberto Sánchez insistió en sus críticas al modelo económico. Nada
que no estuviera previsto. Lo que sí es sorprendente es el resto de nombres que
completaban, tras los debates y hasta la encuesta de Datum del pasado domingo,
la lista de postulantes que tienen más del 4% de las preferencias electorales:
Carlos Álvarez, Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Marisol Pérez Tello. Este último
es un grupo que, luego de revisar los planes de gobierno, creo que se divide en
dos categorías: aquellos que se han tomado el tiempo para identificar los principales
problemas económicos del país y proponer soluciones y el partido Obras, de
Ricardo Belmont. El lenguaje sencillo y accesible del exalcalde de Lima durante
el debate se condice con el nivel básico de su plan de gobierno. Con solo 27
páginas, el partido Obras plantea como única estrategia frente a la
informalidad laboral exigir que los contratistas del Estado garanticen la
formalidad de sus trabajadores y plantea una simplificación de trámites de los
municipios. ( El Comercio, Pág. 19 )
