PODEROSA EXIGE
AL GOBIERNO COMBATIR LA MINERÍA ILEGAL
La Compañía Minera Poderosa lamentó el ataque ocurrido en una de sus concesiones, en el sector Santa María, en Pataz, que dejó dos personas fallecidas y otras dos heridas. La empresa pidió al Gobierno dotar de recursos a las fuerzas del orden para enfrentar la minería ilegal y frenar la violencia en la provincia. Poderosa rechazó "esta nueva expresión de violencia criminal que continúa cobrando vida y sembrando temor en Pataz" y cuestionó las acciones de las organizaciones vinculadas a la minería ilegal. "Condenamos categóricamente a la minería ilegal como crimen organizado que recurre a la violencia para apropiarse ilícitamente de zonas de trabajo y recursos minerales. Lo ocurrido evidencia, una vez más, la gravedad de una actividad ilegal que amenaza la vida de las personas, la seguridad de la provincia y el estado de derecho", señaló. ( Correo, Pág. 10 ) ( El Comercio- Pág. web )
"EN PATAZ
EXISTE UN COMANDO UNIFICADO Y SIGUEN MATANZAS"
Pedro Yaranga, experto en
seguridad, conflictos sociales y terrorismo, señaló que habrá que esperar para
determinar si el Comando Unificado anunciado por la presidenta Keiko Fujimori
dará resultados, pues el que opera en Pataz hasta el momento no responde a las
exigencias y continúan las matanzas vinculadas con la minería ilegal. “En Pataz
también existe un Comando Unificado (CUPAZ), que hasta ahora no cumple ninguna
función. Ahí se está botando dinero; lo que debería hacerse inmediatamente es
desplazar todo ese contingente de Pataz hacia las zonas emblemáticas, como la
frontera con Ecuador o la zona de La Pampa, en Madre de Dios. Allí debe estar
ese Comando Unificado, porque en Pataz no cumple mayor función que proteger a
una empresa privada minera”, afirmó. Asimismo, Yaranga advirtió que, sin
implementar tecnología, será imposible combatir a las bandas criminales. ( Expreso, Pág. 9 )
LA MINERÍA
ILEGAL PROVOCA LA MUERTE DE SEIS PERSONAS EN MENOS DE 48 HORAS
La violencia no cesa. La
minería ilegal ha cobrado la vida de seis personas en el marco de
enfrentamientos armados y ataques en diversas zonas de las regiones La Libertad
y Madre de Dios. En la región La Libertad, un ataque armado ocurrido durante la
noche del martes 6 de octubre dejó dos personas muertas y dos heridas en el
sector Santa María, provincia de Pataz. El hecho se produjo en una bocamina
ubicada dentro de la concesión de la empresa minera Poderosa, en una zona
asignada a un minero artesanal con el que la compañía mantiene un contrato de
exploración y explotación. Las víctimas mortales en Pataz fueron identificadas
como Jherwin Cachique Ishuiz (24) y Marcial Ojanama Gonzales (42), quienes
laboraban como agentes de una empresa de seguridad privada contratada por el
minero artesanal. Los dos heridos recibieron los primeros auxilios en el lugar
y posteriormente fueron trasladados a Trujillo para recibir atención médica.
Ante lo sucedido, Poderosa emitió un comunicado en el que confirmó la
asistencia brindada a los afectados y el inicio de las coordinaciones con la
Policía Nacional y las autoridades competentes para el desarrollo de las
investigaciones. Por otro lado, en Madre de Dios, un operativo ejecutado por la
Policía Nacional derivó, el último miércoles 7, en un enfrentamiento armado que
dejó cuatro muertos y un herido grave en el sector La Pampa, distrito de
Inambari, provincia de Tambopata en Madre de Dios. La intervención fue parte
del plan de operaciones “XI Relevo Restauración 2026”. Los efectivos se
enfrentaron a integrantes de la organización criminal Los Guardianes de La
Pampa, vinculada a actividades de minería ilegal, sicariato, secuestro y
extorsión. ( Perú 21, Pág. 14 )
CAE ÁREA DE
BÚSQUEDA DE MINERAL Y HAY MENOS PROYECTOS CON LUZ VERDE
La inversión minera alcanzó
los US$ 4,177 millones a julio de este año, un crecimiento de 45% comparado con
similar periodo del 2025, según data del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Si bien crecieron todos los componentes (planta de beneficio, equipamiento
minero, exploración, infraestructura, desarrollo y preparación, y otros), no en
todos hubo la misma dinámica. En los primeros siete meses, la inversión en
exploración sumó US$ 412 millones, un aumento de solo 2.8% respecto a similar
periodo del año pasado. Es más, este rubro representa ahora el 10% del total
invertido por el sector, cuando hace un año significaba el 14%. Sin embargo, el
número total de unidades mineras dedicadas a la exploración se ha reducido:
alcanzó a 396 en julio último, cuando en igual mes del 2025 llegaban a 418.
Además, esas casi 400 unidades en operación realizan búsqueda de nuevos
yacimientos en un total de 286,878 hectáreas, superficie que resulta 14.97% menor
respecto a las 337,401 hectáreas que eran sujetas a exploración en igual mes
del año pasado. ( Gestión, Pág. 2 y 3 )
MINEM
ESTABLECERÍA "PRIMER PASO" PARA AGILIZAR PROYECTOS DE EXPLORACIÓN
MINERA
La semana pasada el
Ministerio de Energía y Minas (Minem) publicó un proyecto de Decreto Supremo
(DS) que crea la Declaración Jurada Ambiental para Exploración Minera (DJA),
como una herramienta complementaria a la aprobación de estas iniciativas,
claves para el desarrollo minero en el país. La DJA es, a criterio de
especialistas consultados por este diario, una primera acción del Minem, hoy
liderado por Guillermo Shinno, para evitar que la exploración siga perdiendo
peso dentro de la inversión minera. De acuerdo con la propuesta, la DJA sería
aplicable a proyectos de exploración minera de impacto no significativo que
cumplan condiciones específicas. Entre ellas están, como principales criterios,
que comprendan hasta 10 plataformas de perforación y una superficie menor de 5
hectáreas, siempre que cumplan las condiciones ambientales y territoriales
establecidas, como no estar cerca de Áreas Naturales Protegidas ni cuerpos
naturales de agua, entre otros. La DJA se entiende aprobada desde su
presentación, con expediente completo y taller participativo previo. Aparte,
quedará sujeta a fiscalización posterior y a supervisión del OEFA. ( Gestión, Pág. 3 )
MINA CAYLLOMA
SUPERARÍA META DE PRODUCCIÓN ANUAL
En los primeros nueve meses,
la mina Caylloma (Arequipa) de Fortuna Mining produjo 28,913 onzas equivalentes
de oro (GEO) frente a un estimado de 29,000 a 33,000 GEO para todo el año. La
compañía señaló que este desempeño está posicionando a la operación para
superar su guía anual al cierre del año. En el tercer trimestre de este 2026,
Caylloma produjo 9,897 GEO, frente a las 9,705 GEO del segundo trimestre. Esta
medida considera oro, plata, plomo y zinc. La producción de plata alcanzó 247,367
onzas entre julio y septiembre, 7% más que en el segundo trimestre, cuando
registró 231,294 onzas. ( Gestión, Pág. 10 )
MAQUINARIA DE
MINERÍA ILEGAL YA NO SERÍA DESTRUIDA
En la Cámara de Diputados
del Congreso de la República se está retomando un proyecto para regular la
disposición final de esos bienes, a fin de evitar su eliminación. La bancada de
Juntos por el Perú (JP) presentó un proyecto de ley que propone regular la
recuperación, trazabilidad y destino público de la maquinaria pesada que el
Ministerio Público, la Policía Nacional o la Dirección de Capitanías y Guardacostas,
en el ámbito de sus competencias, incaute a los mineros ilegales. Expertos
mostraron preocupación y recuerdan que ya en el 2023 el Congreso había aprobado
un proyecto similar pero que fue observado por el Poder Ejecutivo de ese
entonces. Miguel Ángel Soto, socio del estudio PPU, recordó que la Fiscalía
cuestionó ese proyecto porque no contaba con los recursos económicos y
logísticos para custodiar la maquinaria o trasladarla, porque la mayoría de las
veces los operativos se realizan en lugares muy alejados. Además, dijo, hoy la
primera opción de las autoridades es la destrucción porque usualmente las
condiciones del terreno donde operan son de difícil acceso, hay ausencia de
vías, falta de equipos de traslado y hay presencia de grupos armados. ( Gestión, Pág. 13 )
¿ESTADO
ANTIMINERO?
Por Felipe Tudela, analista
financiero. Los representantes del Estado afirman que combaten la minería
ilegal y la delincuencia. Algunos creen, con razón, pero con ingenuidad, que
desregular la minería bastaría para que los informales e ilegales se
formalicen. ¿Pero qué ocurre si una razón poderosa y oculta dificulta esa
desregulación? Hay un efecto poco advertido. No se trata únicamente de que con
normas razonables las empresas podrían destrabar proyectos paralizados ni de
que la inversión nacional y extranjera traería capitales al país. Eso es
cierto, pero secundario. Lo esencial, lo que nadie menciona, es que el gran
promotor de la minería informal, de la ilegal y de la delincuencia que las
acompaña es el propio Estado. ¡La ley atosiga al minero formal, no así a
informales e ilegales! Estos últimos operan sin resistencia eficaz que se les
enfrente. Se objetará que hay operativos policiales y militares, y que el
problema radica en falta de inteligencia, equipos o una legislación que elimine
trabas innecesarias. No es así. Esas medidas no atacan la raíz. El exceso
normativo convierte al Estado en cómplice y socio de la minería ilegal: bloquea
el acceso de la formalidad a zonas mineralizadas y entrega de facto el
monopolio a los ilegales. A estos les conviene precisamente que el Estado
sobrerregule y asfixie a la minería formal. ( El
Comercio, Pág. 19 )
ENVÍOS SUMAN
US$ 74,122 MILLONES
El Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones de bienes sumaron
US$ 74,122 millones entre enero y agosto de este año, un incremento de 34%. El
crecimiento fue impulsado principalmente por las mayores ventas de productos
mineros, que sumaron US$ 53,899 millones (50.6%), en su mayoría gracias a los
altos precios internacionales del cobre. Mientras que, entre los sectores no
tradicionales con valor agregado crecieron las exportaciones agropecuarias (US$
7,586 millones, 2.1%), sector químico (US$ 1,397 millones, 11.3%) y metalúrgico
(US$ 1,426 millones, 18.3%). ( Gestión, Pág. 14 ) (
El Peruano, Pág. 11 )
LAS ECONOMÍAS
ILEGALES OBSTACULIZAN EL CRÉDITO
La criminalidad es un
problema estructural que puede condicionar el desempeño de nuestra economía.
Afecta a la actividad productiva a través del cierre de negocios,
interrupciones del transporte, pérdida de clientes, reducción de inversiones,
caída de la productividad, pérdida de capacidades humanas y la obstaculización
del crédito. Por ello, se requiere que tanto el Ejecutivo como el Congreso
tengan éxito en el combate de las economías ilegales. Según el último reporte
trimestral del BBVA Research, aunque en lo que va del año se ha registrado una disminución
de las denuncias policiales, el nivel de criminalidad sigue siendo alto. Perú
ocupa el segundo lugar en la región entre los países con mayores víctimas del
crimen. La entidad señaló que la criminalidad ha afectado el acceso al crédito
en Perú. Precisó que las provincias con mayores tasas de este delito tendieron
a registrar un menor crecimiento del crédito en el periodo 2009-2019. El
informe contrapuso al Callao y Lambayeque con Puno y Huancavelica y señaló que,
en las dos primeras regiones, donde la criminalidad es mayor, el crédito tiende
a crecer a un menor ritmo. Asimismo, comparó Cajamarca y Huancavelica, regiones
con menores tasas de criminalidad, con Tumbes y Lambayeque, donde ocurre lo
contrario, y señaló que estas últimas presentan una mayor tasa de morosidad. ( Perú 21, Pág. 7 )
COMANDO
UNIFICADO HARÁ RASTRILLAJE URBANO Y PONDRÁ ÉNFASIS EN INTELIGENCIA
La presidenta Keiko Fujimori
presentó el miércoles un comando unificado contra la criminalidad, integrado
por 1.350 agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, con el
objetivo de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado en todo el país,
una de las principales preocupaciones ciudadanas. El ministro de Defensa,
Rafael Belaunde Llosa, explicó, en declaraciones a TV Perú, que la unidad
reunirá a efectivos del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) y
de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), además de 500 miembros del
Ejército y 80 de la Fuerza Especial Conjunta del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas. Según indicó, el comando será dirigido por el Ministerio del
Interior, mientras que Defensa participará mediante las Fuerzas Armadas, con
una coordinación más estrecha y énfasis en inteligencia. “Lo que se trata es
integrar una fuerza operativa de combate contra las organizaciones criminales”,
precisó. ( El Comercio, Pág. 8,9 )
DELEGACIÓN DE
FACULTADES Y MADUREZ POLÍTICA
Por Jorge Zapata Ríos,
presidente de Confiep. La discusión sobre las facultades legislativas que el
Poder Ejecutivo requiere no debería plantearse como una medición de fuerzas, y
mucho menos como un tablero para el cálculo político. Las urgencias del país
son múltiples. Tenemos encima un fenómeno de El Niño con consecuencias
impredecibles y una inseguridad ciudadana cada vez más desbordada y amenazante;
sin embargo, siendo estos problemas apremiantes no son, ni por asomo, los
únicos. Un estado que, con excepción de escasas islas de eficiencia, se
encuentra francamente descompuesto y un clima para las inversiones bastante
deteriorado son parte de un primer inventario de dificultades no menores. De
manera que se hace imperativo iniciar la recomposición de ese Estado corroído y
el relanzamiento de una política de destrabe y seguridad jurídica para las
inversiones. Por otro lado, los Congresos no han sido capaces de demostrar que
pueden producir normas que solucionen problemas con la rapidez que el país
requiere. El más claro ejemplo es la tantas veces postergada Ley MAPE. En razón
a ello, y al derecho que asiste a un gobierno –que inicia su gestión– a
impulsar sus propuestas políticas es que se justifica un otorgamiento de
facultades lo suficientemente amplio; práctica que, además, opera en el país
hace muchos años, y ante gobiernos de distintos colores. No se puede exigir a
un gobierno que resuelva problemas, negándosele, a la vez, las herramientas que
requiere para hacerlo. Eso no es defensa de fueros sino evidente matemática
política que podría aproximarse al obstruccionismo. (
Gestión, Pág. 4 )
