MINA JUSTA SUBTERRÁNEA OBTIENE LUZ VERDE
Mina Justa, operada por Marcobre y vinculada a Minsur, se prepara para una nueva etapa de desarrollo que podría prolongar su vida por casi dos décadas más. Con una inversión proyectada cercana a US$ 2,000 millones, la unidad de cobre ubicada en Marcona (Ica) obtuvo la luz verde ambiental para ampliar sus actividades. La autorización fue otorgada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), que aprobó la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de Mina Justa. El principal cambio será la incorporación de una mina subterránea para extraer minerales de sulfuros. Esto permitirá a la compañía combinar la extracción bajo tierra con la operación actual a tajo abierto, mediante la actualización de su plan de minado. Con esta estrategia, Marcobre busca extender la vida útil de Mina Justa hasta el 2044. (Gestión, Pág. 9)
MINSUR ELEVA
INVERSIÓN A US$ 35 MILLONES
La minera Minsur, parte del
Grupo Breca, cerró el tercer trimestre con alzas de doble dígito en ventas,
ebitda y utilidad neta, apalancadas por el mayor precio del estaño y en una
recuperación de su producción de refinado. En contraste, la producción de oro
de su unidad Pucamarca (Tacna) siguió en retroceso por el agotamiento
progresivo de la mina. En el trimestre, el capex totalizó US$ 35.1 millones, 9%
más que un año antes. La mayor parte se destinó a la mina de estaño San Rafael
(Puno), por la construcción de la relavera B4 (depósito de residuos mineros) y
el desarrollo de la infraestructura de San Germán para extender la vida de la
mina. (Gestión, Pág. 10)
INVERSIÓN
TECNOLÓGICA PODRÍA TRIPLICAR APORTE
La inversión tecnológica
podría triplicar su contribución a los resultados operativos de las empresas
minero energéticas hacia 2030, bajo determinados escenarios y con una
estrategia adecuada, según McKinsey & Company, citada por la SNMPE. Julia
Torreblanca, presidenta del gremio, sostuvo en el TICAR 2026 que el reto es
adoptar inteligencia artificial y automatización y obtener resultados
concretos. (Expreso, Pág. 35)
TC VERÁ MAÑANA
DEMANDA CONTRA PRÓRROGA DEL REINFO
El Registro Integral de
Formalización Minera (Reinfo) rige desde el 2017 y no ha tenido los resultados
esperados, a pesar de ampliarse su vigencia. Se inició con más de 90 mil
inscritos, entre personas naturales y jurídicas y se formalizaron 2,100 del total,
es decir, el 2.3%. A pesar de los años transcurrido, no se ha logrado el
objetivo de formalizar. El Congreso se encargó de su prórroga por más de tres
veces . La cuarta y última vigencia tiene como plazo este 31 de diciembre y
existen otras propuestas en el Legislativo para ampliarlo una vez más. Frente a
esa situación, el Colegio de Abogados de Loreto presentó una demanda
inconstitucional contra otras prórrogas ante el Tribunal Constitucional (TC),
que la admitió y mañana realizará la primera audiencia pública en la sede
institucional de San Isidro. La demanda del citado Colegio, contra el Congreso
y el Ejecutivo, cuestiona la ampliación del Reinfo y de la norma que modifica
el Código Penal en materia de minería ilegal. Señala, además, que se generan
zonas de impunidad y afecta el medio ambiente (caso río Nanay). A mediados de
octubre pasado, el Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto
de ley para una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) con
el objetivo de poner plazos y medidas definitivas para facilitar la
formalización minera. (Correo, Pág. 12)
JUNTOS POR LA
PLANILLA
En solo una semana, se han
destapado tres casos de aprovechamiento del poder político en los que está
involucrado directamente el partido de Roberto Sánchez, Juntos Por el Perú.
Primero fue la contratación en el Congreso de los hijos de los custodios del
golpista Pedro Castillo en Barbadillo; incluso un exdirector del penal fue
favorecido también con un puesto en el Legislativo. Y llegaron hasta esas
planillas no por meritocracia ni por necesidad pública. A la vista quedó que se
trataba de un burdo canje de favores por ciertas gollerías en la cárcel. Una
maniobra que ha merecido, además, la remoción de todos los funcionarios del
INPE vinculados a estos generosos nombramientos. Tras ese destape de Cuarto
poder, Perú21 puso al descubierto otras dos jugadas igualmente cuestionables.
Una de ellas, la contratación de la esposa del controvertido exfiscal José
Domingo Pérez, con un suculento sueldo de casi 15 mil soles. Pérez, como se
sabe, es abogado de Pedro Castillo y militante partidario que fungió de fiscal
en el Ministerio Público. (Perú 21, Pág. 4)
