MINERÍA TRANSFIRIÓ MÁS DE S/ 3,024 MILLONES
En enero, las transferencias generadas por la actividad minera, que comprenden canon, regalías y derechos de vigencia y penalidad, superaron los S/3,024 millones, según el último boletín del Ministerio de Energía y Minas (Minem). "Estos recursos constituyen una fuente importante de financiamiento para los gobiernos subnacionales, ya que permiten impulsar proyectos de infraestructura, educación, salud y desarrollo productivo", indicó el Minem. Por regiones, Áncash se posicionó como el principal beneficiario porque recibió S/620 millones, equivalentes al 20.5% del total transferido en el primer mes. Le siguieron Arequipa con S/376 millones (12.4%), y Moquegua con S/334 millones (11.1%). ( Perú 21, Pág. 8 )
AFTERMATH AMPLÍA PERFORACIÓN EN PUNO
La canadiense Aftermath
Silver informó los primeros resultados de la fase 3 de su programa de
perforación diamantina en el proyecto de plata, cobre y manganeso Berenguela
(Puno). Los resultados corresponden a 17 perforaciones, con un total de 1,061
metros. Entre los principales hallazgos, destacan intersecciones de hasta 1,042
gramos por tonelada (g/t) de plata, así como tramos continuos con valores
superiores a 400 g/t, acompañados de contenido relevante de cobre. El programa
de perforación original consistía en 4,000 metros de perforación diamantina y
2,000 metros de perforación de relleno. ( Gestión,
Pág. 10 )
CONFIEP PIDE A
BALCÁZAR FRENAR DERROCHE FISCAL
La Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) solicitó ayer al Gobierno que
observe las normas que perjudican la caja fiscal. El pedido se realizó durante
una reunión del Consejo Directivo de la entidad y representantes de la gestión
del presidente José Balcázar. La sesión tuvo la participación del presidente de
la Confiep, Jorge Zapata Ríos, y los representantes de 21 gremios empresariales
asociados a la institución. Por el Ejecutivo estuvieron el premier Luis Arroyo
y los ministros de Defensa, del Interior y la Producción, Carlos Díaz, José
Zapata y César Quispe, respectivamente. Los empresarios cuestionaron el
dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras, aprobado en la
Comisión de Energía y Minas del Congreso, al considerar que propicia la minería
ilegal. La iniciativa reduce de 30 a 15 años el plazo de caducidad por falta de
producción. Sin embargo, los gremios alertaron que es un periodo insuficiente
para cumplir con los requisitos y estudios necesarios para extraer el mineral.
También se pidió la observación de los proyectos de ley que afectan la caja
fiscal. Al respecto, el presidente de la Confiep pidió que no se arriesgue
"uno de los principales soportes de la estabilidad económica y de la
confianza para la inversión privada". Finalmente, "la Confiep
reafirmó su disposición a contribuir a la construcción de consensos que ayuden
a fortalecer la institucionalidad, la seguridad y el crecimiento económico del
país". ( Correo, Pág. 3)
HOLCIM
CONTEMPLA AUMENTAR PRODUCCIÓN DE CEMENTO EN LIMA
La cementera suiza Holcim
entró al Perú en el 2024 con la compra de Compañía Minera Agregados Calcáreos
(Comacsa) y Mixercon. A esas transacciones, se sumaron otros movimientos y,
recientemente, la adquisición del control de Cementos Pacasmayo. Ahora, la
multinacional buscará potenciar su actual capacidad productiva en el país. En
concreto, Holcim Perú S.A. presentó un proyecto de modificación en su Planta
Villa 1, ubicada en Villa El Salvador (VES), orientado a optimizar procesos
productivos y mejorar la confiabilidad operativa, de acuerdo con el Informe
Técnico Sustentatorio (ITS) enviado al Ministerio de la Producción (Produce).
El plan contempla tres intervenciones principales y una inversión total de S/
13.1 millones, siendo el componente más relevante el incremento de la capacidad
de molienda. (Gestión, Pág. 8 )
DUDAS EN MEDIO
DE INVESTIGACIÓN DEL INDECOPI A IMPORTACIÓN DE ALAMBRÓN
En medio de la investigación
por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de alambrón chino, que
inició con una denuncia de la Corporación Aceros Arequipa (CAASA), un elemento
distinto al análisis técnico ha pasado a formar parte de la discusión: las
reuniones sostenidas entre funcionarios del Indecopi y actores vinculados al
sector durante el desarrollo del procedimiento. Este escenario coincide con un
cambio en la conducción de la entidad: el presidente ejecutivo del Indecopi,
Alberto Villanueva, presentó su carta de renuncia, la cual supo Gestión tras
consultarle a la entidad, aún debe ser aceptada por la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM), por lo que continúa en funciones. (
Gestión, Pág. 13 )
¿EL FIN ES LA
FORMALIZACIÓN?
Por Angela Grossheim,
directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE). El Perú enfrenta el riesgo real de dejar de ser un destino atractivo
para la inversión minera formal. Con la decisión de la Comisión de Energía y
Minas del Congreso, que modifica el régimen de concesiones mineras aplicable a
la minería formal -que se somete a las obligaciones legales, solicita permisos
y es una de las actividades más fiscalizadas- se hace inviable el desarrollo de
la cartera de proyectos. Así, se deja el camino libre a la minería ilegal, la
principal economía criminal en el país, que mira con expectativa la oportunidad
que la propia ley le dará para seguir robándole al país. Sin ningún sustento
técnico, y de espaldas a las opiniones del Minem e Ingemmet, la comisión
sostiene que "todo el Perú está concesionado" y que hay
"concesiones ociosas", narrativa que se cae al revisar datos
oficiales. Según Ingemmet, solo el 17% del territorio nacional está
concesionado a la minería formal, existiendo un amplio espectro que puede ser
solicitado en concesión. Y la llamada ociosidad solo refleja el desconocimiento
de los legisladores sobre la debilidad institucional en el sector, del
enmarañado regulatorio y de la complejidad técnica y operativa para desarrollar
un proyecto minero formal y sostenible. Obtener una concesión no significa que
una mina opere al día siguiente si se trata de un minero formal. Es el inicio
de un ciclo largo y riesgoso que exige capital y años de trabajo, desde la
exploración hasta la operación. Solo la prospección y exploración toman mínimo
15 años. A ello se suma que el titular debe negociar con propietarios para
adquirir el terreno superficial y que, de existir pueblos indígenas, se
requiere consulta previa. Solo superadas estas etapas, y con los permisos
ambientales y sectoriales en regla, un proyecto puede avanzar hacia la
producción. Esa inversión de riesgo es la que convierte nuestra riqueza
geológica en desarrollo. Por eso, pretender la caducidad a los 15 años -cuando
un proyecto puede tomar más de 40 años- solo revela desconocimiento del
quehacer minero de los autores de un dictamen que violenta la seguridad
jurídica. ( El Comercio, Pág. 18 )
¿ALÓ,
CONGRESO?
Por María Isabel León,
empresaria y expresidenta de Confiep. En un momento clave en el que el Perú
necesita crecer, atraer inversión y cerrar brechas sociales urgentes, preocupa
que desde el Congreso se impulsen iniciativas que van en sentido contrario. El
proyecto que modifica la Ley General de Minería -hoy en debate- no solo es
técnicamente cuestionable: es abiertamente lesivo para el desarrollo del país.
Reducir plazos de concesión, elevar penalidades, acelerar la caducidad por
demoras burocráticas, entre otros, no es una reforma; es una temeridad. La
minería formal ha sido, por décadas, un pilar de la economía: genera cerca de
la mitad de nuestras exportaciones, dinamiza regiones y financia salud,
educación e infraestructura. Debilitarla no es neutral; golpea directamente las
oportunidades de millones de peruanos. La pregunta de fondo debería ser otra:
¿quién enfrenta con decisión la expansión de la minería ilegal? El problema
central es un diagnóstico equivocado. No es la minería formal la que contamina,
evade o depreda; es la informalidad la que opera sin reglas, sin fiscalización,
sin responsabilidad ambiental y sin pagar impuestos. Sin embargo, en lugar de
fortalecer la institucionalidad y combatir lo que sí hace daño, se imponen más
trabas a quienes cumplen la ley. El resultado es predecible: menos inversión,
menos empleo formal y más espacio para actividades ilegales. ( El Comercio, Pág. 18 )
MATANDO A LA
GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO
Por Carlos Rodríguez
Summers, socio líder de Asesoría Tributaria y Legal de KPMG Perú. La Comisión
de Energía y Minas del Congreso ha aprobado un dictamen para modificar la Ley
General de Minería. Entre sus propuestas destacan la reducción del plazo para
iniciar operaciones de las concesiones de 30 a 15 años, el incremento de la
tasa del derecho de vigencia, el endurecimiento de penalidades y la
incorporación de mecanismos de participación de comunidades aledañas en las
decisiones empresariales del sector. Una reforma de esta naturaleza carece de
sustento técnico y representa una amenaza directa sobre el motor más importante
de nuestra economía. La minería formal es, hoy, el sector industrial más grande
del Perú. Responsable del 66% de nuestras exportaciones en el 2025 y de
aproximadamente el 15% de la recaudación tributaria. Es también generadora de
empleo directo e indirecto, promotora del desarrollo tecnológico, impulsora de
economías regionales y soporte real de comunidades que, sin ella, simplemente
no tendrían las mismas oportunidades. Esta es la gallina, y el Congreso parece
estar dispuesto a sacrificarla. Reducir el plazo para iniciar las operaciones
de las concesiones de 30 a 15 años no responde a ningún criterio técnico ni
financiero. Los proyectos mineros requieren, en promedio, 40 años para alcanzar
un nivel de madurez sostenible. Acortar ese horizonte temporal no reforma el
sector: lo expulsa del mapa de inversiones. Ningún inversionista serio
compromete capital de la magnitud que exige la minería sin la certeza mínima de
poder recuperarlo. La consecuencia es predecible: mirarán otras jurisdicciones.
Chile, Colombia, Brasil y México están dispuestos a recibirlos con reglas más
claras, plazos más racionales y menores costos. (
Gestión, Pág. 11 )
