INVERSIÓN MINERA: INSEGURIDAD ES EL RIESGO QUE MÁS CRECIÓ
La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó, entre otros aspectos, eliminar la irrevocabilidad de los contratos mineros y reducir los plazos del régimen de las concesiones mineras de 30 a 15 años. Esta iniciativa desconoce los tiempos que exige el desarrollo de un proyecto minero formal y agrava la pérdida de competitividad minera del Perú de los últimos años. El desarrollo de minas en el mundo es cada vez más prolongado y menos frecuente. Según S&P Global, el tiempo requerido para poner en marcha un proyecto se cuadruplicó en los últimos 30 años. Y según Minex Consulting, tras 15 años de su descubrimiento, solo el 3% de los proyectos mineros inicia operaciones, casi siete veces menos que hace 40 años. En el Perú, esta situación es aún más crítica. El IPE encontró que, en promedio, un proyecto minero tarda 40 años en iniciar producción, y llega a 62 años para minas de cobre. Así, minas de gran escala como Cerro Verde, Antamina y Quellaveco demoraron 60, 76 y 83 años, respectivamente, entre el inicio de la exploración y su operación. Este largo proceso está principalmente condicionado por exigencias regulatorias: el 60% del período de desarrollo se concentra en la etapa de exploración, la cual depende de la obtención de permisos ambientales y de procesos de diálogo social, entre otros. Por ejemplo, en el 2024, el tiempo de aprobación de los estudios de impacto ambiental fue tres veces mayor que el plazo legal de 120 días hábiles. ( El Comercio, Pág. 20 )
LA AGENDA DE
ROBERTO SÁNCHEZ A FAVOR DE LA MINERÍA INFORMAL
Conforme se empezaba a mover
el tablero electoral con miras a las elecciones generales 2026, el congresista
Roberto Sánchez, actual candidato presidencial por Juntos por el Perú (JPP), le
abrió la puerta en su agenda legislativa al tema minero. Específicamente, a la
minería informal. En suma, Sánchez ha suscrito -tanto en calidad de autor como
de coautor- al menos una decena de proyectos orientados a este sector. Estas iniciativas
incluyen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización
Minera (Reinfo), la flexibilización de exigencias regulatorias y la reducción
de herramientas legales para combatir el crimen. De hecho, el ahora candidato
ha anunciado como parte de su campaña que derogará las denominadas leyes
procrimen. Sin embargo, omite que no solo respaldó con su voto una de ellas en
el pleno del Congreso, sino que incluso figura como su coautor. Se trata de la
Ley 31989, aprobada en el 2024, que derogó una disposición que permitía a la
policía intervenir en actividades mineras ante el uso ilegal de explosivos,
incluso cuando los involucrados estaban inscritos en el Reinfo. El giro en la
agenda legislativa de Sánchez no es menor. Durante la primera parte de su
período parlamentario, su producción estuvo enfocada en temas sociales y
económicos. Sin embargo, a partir del 2024 -y con mayor intensidad en el 2025-
las iniciativas vinculadas a la minería informal comenzaron a multiplicarse, en
paralelo al avance del calendario electoral. Algunas se convirtieron en leyes
(especialmente aquellas vinculadas a la prolongación del Reinfo), aunque no
necesariamente en los términos planteados por Sánchez. (
El Comercio, Pág. 4 )
LA RUTA DEL
CONGRESISTA SÁNCHEZ: DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL A LA MINERÍA ILEGAL
Ya lo ha dicho el fundador
del Partido Humanista hoy llamado Juntos por el Perú, el izquierdista Yehude
Simon: el congresista Roberto Sánchez le robó el partido en un momento de
debilidad política para nunca más devolvérselo ni mucho menos darle los
créditos por el trabajo que tomó la inscripción partidaria. En 2021, Roberto
Sánchez fue elegido congresista por Lima con 29,825 votos, ubicándose por
debajo de las más votadas de JPP, Sigrid Bazán e Isabel Cortez. En 2023, al
volver al Congreso -después de abandonar a Pedro Castillo durante la votación
de la vacancia en diciembre de 2022-, uno de los primeros proyectos polémicos
impulsados por Sánchez fue el que buscaba el matrimonio igualitario, es decir,
modificar el Código Civil para que dos personas del mismo sexo puedan unirse
legalmente. La relación de Sánchez con la minería ilegal e informal se ha hecho
evidente a través de su labor legislativa, personal y partidaria. Desde Juntos
por el Perú, con su bancada, ha impulsado la ampliación interminable del Reinfo
en beneficio de las economías ilegales. ( Perú 21,
Pág. 10-11 )
VOLCAN LIDERA
SEGURIDAD MINERA
Volcan Compañía Minera
obtuvo el primer lugar en la categoría Minería Subterránea en la XXIX edición
del Concurso Nacional de Seguridad Minera, organizado por el Instituto de
Seguridad Minera, a través de su Unidad Operativa Andaychagua, y además alcanzó
el segundo puesto en Minería Tajo Abierto con la Unidad Alpamarca. ( Expreso, Pág. 6, Supl. Econ. )
LA PISTA DEL
DUEÑO DEL ORO ROBADO CONDUCE A LA FAMILIA CUEVA YAYA
Los hermanos Ángel y Miguel
Cueva Yaya, naturales de Lima, son los dueños de la camioneta de la marca
Hyundai, modelo New Tucson, que ha sido identificada como uno de los vehículos
que acompañaba a los dos taxis que transportaban ocho kilos de oro de
Miraflores hacia el Callao, probablemente para su exportación. Sin embargo, la
familia Cueva no ha presentado la denuncia como agraviados por el asalto y
tampoco ha reclamado el metal precioso valorizado en más de US$1 millón. No es
lo único extraño sobre el espectacular atraco protagonizado por una banda de
ladrones provistos de armas largas que interceptaron a los dos taxistas que
llevaban el oro en el circuito de playas de San Miguel. La mañana de ese
domingo 22 de marzo, los conductores se disponían a ingresar a la avenida
Rafael Escardó, con rumbo a la avenida Elmer Faucett con Quilca, donde se
encuentran los almacenes de los servicios aeroportuarios SAASA, en donde debían
dejar el encargo. ( República, Pág. 4-5 )
EL ERROR DE
MIRAR LA MINA
Por Raúl Benavides, director
de la Compañía de Minas Buenaventura. El Perú insiste en combatir la minería
ilegal mirando donde menos importa: el socavón. Mientras el Estado dispersa
esfuerzos persiguiendo a miles de pequeños mineros, el verdadero negocio sigue
operando casi intacto. Las cifras lo dicen todo. Incluso después de depurar el
Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), quedan decenas de miles de
operaciones que, en la práctica, son imposibles de fiscalizar. Pretender
controlarlas una por una no es solo ineficiente: es una estrategia condenada al
fracaso. El problema no está en la mina. Está en lo que ocurre después, en la
planta de beneficio. El mineral que sale de la tierra no tiene valor hasta que
pasa por una planta de beneficio. Es ahí donde se procesa, se concentra y se
vuelve comercializable. Es ahí, también, donde confluyen minerales de origen
formal, informal e ilegal. En otras palabras, es el verdadero punto de control
del sistema. Sin embargo, la política pública sigue ignorando este cuello de
botella. Aplicar un enfoque inteligente no requiere más recursos, sino un mejor
enfoque. El principio de Pareto es claro: una minoría de plantas grandes
(registradas oficialmente y de Reinfo) concentra la mayor parte del
procesamiento de terceros. Fiscalizar ese grupo reducido permitiría
transparentar gran parte del mercado sin necesidad de desplegar al Estado en
todo el territorio. Calculo que fiscalizando menos de 200 plantas estaremos
cubriendo más del 80% de la producción. A esto se suma una medida evidente:
eliminar las transacciones en efectivo. Mientras el dinero circule sin
trazabilidad, cualquier intento de control será parcial. La tecnología para
hacerlo ya existe y está al alcance incluso de los negocios más pequeños con
las billeteras digitales. ( El Comercio, Pág. 46 )
CONCESIONES
MINERAS: UN RETROCESO ANTICONSTITUCIONAL
Por Óscar Zapata. Presidente
de PerúCámaras. El reciente anuncio sobre las concesiones mineras no es un
simple ajuste administrativo: es un golpe directo contra la seguridad jurídica
y la Constitución. Se trata de una medida improvisada, carente de sustento
técnico y legal, que amenaza con desmantelar uno de los pilares más estratégicos
de la economía peruana. Las concesiones mineras no son favores políticos ni
privilegios discrecionales. Son derechos adquiridos bajo un marco transparente
y regulado, que garantizan inversión, empleo y desarrollo regional. Pretender
manipular este sistema equivale a desconocer la Constitución y abrir la puerta
a la arbitrariedad. Es, en términos claros, un retroceso anticonstitucional. La
medida vulnera principios básicos: Seguridad jurídica: se quiebran contratos y
se socava la confianza de los inversionistas. Igualdad ante la ley: se crean
excepciones y favoritismos que destruyen la competencia leal. Estabilidad
institucional: se envía al mundo la señal de que en el Perú las reglas pueden
cambiarse por capricho. El resultado es previsible: pérdida de competitividad,
caída de ingresos fiscales, debilitamiento de proyectos regionales y expansión
de la informalidad. En lugar de fortalecer la minería formal, se la condena a
la incertidumbre. Un gremio como PerúCámaras no puede permanecer indiferente.
Nuestra voz debe ser firme: sin respeto a la Constitución no hay inversión; sin
inversión no hay minería; y sin minería no hay desarrollo. ( Expreso, Pág. 2, Supl. Econ. )
