GOBIERNO SE DUERME Y NO
IMPULSA MINAS DE COBRE
Esta semana se conoció que la pobreza en el Perú creció en 2023 y afectó al 29% de la población, es decir, que golpeó a 9.8 millones de personas. Pese a que el año pasado ya se advertía que las cifras serían peores que las de 2022 (alcanzó al 27.5% de peruanos), no se trabajó para impulsar la inversión privada, que cayó 7.2%, y menos el desembolso minero, que retrocedió 10%, que generan empleo adecuado. Es así que, tras la puesta en operación de Quellaveco (Moquegua) en 2022, no hay otro proyecto minero tan grande en camino, pues los que están en cartera todavía se encuentran en etapas previas a su inicio de producción, tales como El Galeno, Los Chancas, Yanacocha Sulfuros, Michiquillay y Río Blanco. Los tres primeros se encuentran en Cajamarca, la región más pobre que hay en el país (44.5%). La presencia de estas minas no solo contribuiría a la generación empleo, sino también a recursos para las zonas donde se encuentran, tomando en cuenta, además, que el cobre hoy ya alcanza los US$10,000 por tonelada. Al respecto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Gobitz, explicó que este precio debería ser un incentivo para impulsar la marcha de estos proyectos que el país necesita. ( Perú 21, Pág. 12 )
LISTAS BLANCAS Y ECONOMÍA
ILEGALES
Por Nicolás Zevallos,
fundador del Instituto de Criminología. El crecimiento de las economías
ilegales en el Perú es evidente. Entre el 37% y el 68% de la madera peruana es
de origen ilegal. Ello implicó la deforestación de más de 200 mil hectáreas en
el 2020. La cantidad de hectáreas de cultivo ilegal de hoja de coca se duplicó
en cinco años, superando las 95 mil hectáreas, según Devida. Cada año se
registra un mayor volumen de contrabando, que representa más de US$500
millones, según la Sunat. La minería ilegal de oro ha aumentado, con cerca de
60 mil kg de oro exportado en el 2023 sin conocer su origen, según el
Ministerio de Energía y Minas (Minem). Una respuesta recurrente a ello es
emitir más regulaciones sobre estas actividades. Respuestas normativas que resultan
más performativas que eficaces. El problema es que el impacto principal de
estas medidas no recae sobre las organizaciones criminales o los incentivos de
estas economías ilegales, sino sobre las empresas formales y los ciudadanos que
sí cumplen las normas. ( El Comercio, Pág. 46 )
