DOS CANDIDATOS VINCULADOS A LA MINERÍA INFORMAL COMPETIRÁN POR LA ALCALDÍA DISTRITAL DE PATAZ
Solamente dos candidatos postulan al sillón municipal de Pataz, distrito que se ha convertido en el epicentro de una grave crisis de violencia y criminalidad asociada a la minería ilegal del oro.
José Torrealva Yparraguirre de 55 años de edad, fue alcalde distrital de Pataz por Súmate por una Nueva Realidad entre el 2015 y 2018. Tras su experiencia municipal, Torrealva asumió la presidencia de la Asociación de Mineros Artesanales del distrito de Pataz, un gremio que agrupa a los mineros artesanales de la provincia de Pataz (La Libertad) que están en proceso de formalización.
Entre los años 2023 y 2024 Torrealva realizó 28 visitas al Legislativo, varias de ellas coincidieron con los debates sobre la ampliación del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Su rol de dirigente minero no le ha impedido a Torrealva continuar paralelamente sus actividades empresariales vinculadas a la minería informal.
Pese a estar siendo investigado por minería ilegal, aparece como dueño o gerente de cuatro empresas dedicadas al transporte o explotación del oro, y una vinculada al almacenamiento de explosivos. Es el caso de la Minera Candupata EIRL, Comercial Aries Pataz EIRL, Oro limpio Pataz SAC., Logística y Suministros La Cruz e Inversiones Daymart SRL.
Como único y principal contrincante electoral para ocupar el sillón municipal de Pataz, figura el empresario minero trujillano Miguel Orlando Mantilla Rodríguez.
Miguel Mantilla postuló sin éxito en dos ocasiones a la alcaldía distrital de Pataz por los movimientos regionales Trabajo más Trabajo (2022) y Democracia Directa (2018). Esta vez va por Alianza para el Progreso (APP), partido político al cual está afiliado formalmente desde el pasado mes de enero.
Ha sido presidente por varios años de la comunidad campesina Leoncio Prado de Vista Florida, una asociación para realizar obras y recibir aportes de la minería y cuya gestión le costó algunas denuncias internas.
Trabaja conjuntamente con su hermano, Segundo Mantilla Rodríguez, empresario que está registrado como pequeño minero informal. El hermano tiene inscrito a su nombre seis Reinfos en la provincia de Pataz y otro en Tocache, San Martín. Tiene también una minera y cuatro empresas más vinculadas indirectamente a esta actividad económica. (El Comercio-Página web)
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“VAMOS A INVERTIR ALREDEDOR DE S/150 MILLONES POR AÑO EN OXL”
Summa Gold dinamiza la economía del distrito de Huamachuco (La Libertad) en un ambiente de paz social, debido a que ha erradicado la minería informal e ilegal. Y es que la empresa ha convertido a los mineros artesanales de la zona en 'socios productivos', indica su gerente general, Jaime Polar.
Tienen su centro de operaciones en una región azotada por la minería ilegal. Sin embargo, la mina que operan está libre de este flagelo.
“Está en tranquilidad, felizmente, porque no tenemos mineros ilegales. Lo que hemos hecho es convertirlos, más bien, en empresarios que prestan servicios a nuestra operación minera, o los hemos convertido en trabajadores nuestros. Eso nos está funcionando bien…A través de nuestros socios contratistas, hemos adquirido 80 camiones de gran tonelaje que requieren de 240 operadores, y hemos decidido que esos operadores sean jóvenes de nuestra zona de operaciones porque necesitamos dar oportunidades de trabajo. También estamos invirtiendo alrededor de S/150 millones por año en la ejecución de Obras por Impuestos (OxI)”, sostuvo. (El Comercio, Día 1, Pág.10)
SERÍA EXPERTO EN EXPLOSIVOS TÁCTICOS
Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el ciudadano venezolano Ignacio de Jesús Gómez Valecillos (26), apodado “El Chamo”, quien confesó haber participado en el ataque registrado la noche del jueves 25 de junio en la urbanización Las Palmeras del Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera, sería un experto en activar artefactos explosivos mediante sistemas electrónicos.
“Este extranjero tiene unos ocho años de haber ingresado de manera irregular al país y se ha arraigado en la zona de Trujillo”, informó el general Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad.
Las autoridades policiales indicaron que el extranjero cuenta con antecedentes de servicio militar en su país.
“Estamos confirmando la información en el país de Venezuela, que ha sido militar. Pero, el conocimiento en explosivos lo ha obtenido en Quiruvilca. Ahí es donde él es conocido como (la persona) que está liderando un equipo de sicarios para recuperar o tomar bocaminas”, indicó la máxima autoridad policial de la región. (Correo, La Libertad, Pág.6) (Correo-Página web)
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WMC 2026: EL PERÚ ESTUVO EN EL CENTRO DE LA MINERÍA MUNDIAL
Más de 3.000 profesionales mineros de 50 países arribaron a Lima para participar en el World Mining Congress (WMC), el “evento más importante de minería en los cinco continentes" que volvió a nuestro país después de 52 años.
Hablamos de un acontecimiento que puso al Perú "en el centro de la minería mundial, como debe ser, porque somos un gran y tremendo jugador en este negocio", anota Abraham Chahuan, quien presidió la 27 edición del congreso, desarrollado en el Centro de Convenciones de Lima la semana pasada. (El Comercio, Día 1, Pág.11)
LA LIBERTAD: DETENIDOS CON ARMAS Y BALAS SON ENVIADOS A LA CÁRCEL
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Parcoy ordenó nueve meses de prisión preventiva contra dos hombres que habían sido detenidos el 15 de este mes en un campamento minero del anexo El Socorro, en el distrito y provincia de Pataz, con una pistola y un fusil, y más de 200 balas.
La medida coercitiva recayó contra Juan Carlos Urquiaga Montes y Vico Renzo Ruiz Torres, ambos de 31 años, quienes serán investigados por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. (Correo-Página web)
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ADEX CONDENA ATENTADO CONTRA MINERA PODEROSA: EXIGE RESPUESTA FIRME DEL ESTADO
El pasado 24 de junio, un nuevo ataque con explosivos contra instalaciones de la Minera Poderosa se registró, en la provincia de Pataz, región La Libertad, en horas de la madrugada. Esto dejó como saldo dos trabajadores heridos.
Las víctimas tienen lesiones auditivas debido a que realizaban sus labores habituales mientras se produjo el atentado. Por ello, la Asociación de Exportadores (ADEX) se ha pronunciado, condenando enérgicamente el ataque delincuencial.
Indicaron que este atentado ha dejado en evidencia el deterioro de las condiciones de seguridad en diversas zonas del país, como lo es la provincia de Pataz. Esto pone de manifiesto "la urgente necesidad de la presencia y capacidad de acción del Estado frente al avance de las organizaciones delictivas". (Perú 21-Página web)
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PATAZ: EXIGEN INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN OPERATIVOS DEL EJÉRCITO
El malestar sigue creciendo en Pataz. Pobladores y trabajadores del sector minero solicitaron que el Ministerio Público investigue la actuación del Ejército durante los operativos ejecutados en el marco de la lucha contra la minería ilegal, al considerar que existirían presuntas irregularidades en algunas intervenciones.
Según los denunciantes, las acciones militares se habrían concentrado en labores que operan con contratos formales, mientras que otras operaciones mineras no habrían recibido el mismo tratamiento. Por ello, demandaron determinar si las intervenciones del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) se realizaron bajo criterios objetivos o si existieron omisiones que ameriten una investigación. (Buena Pepa)(Agencia IP Norte)
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FORMALIZAR INCUMPLIENDO: EL REINFO, LA LEGALIDAD SUSPENDIDA Y EL COSTO HUMANO DE LA INFORMALIDAD MINERA
Dialogar del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) exige salir de una lectura puramente administrativa del problema. No se trata únicamente de discutir si un registro funciona, si un plazo venció o si una inscripción sigue vigente. Ahonda en un eje más profundo, detrás del REINFO se encuentra una tensión entre la necesidad de incluir a miles de personas que dependen de la minería artesanal y de pequeña escala, y el deber del Estado de proteger la legalidad, el ambiente, la salud y los derechos de las comunidades afectadas por actividades mineras que permanecen durante años en una zona gris.
El REINFO nació como una herramienta de tránsito hacia la formalización. Su finalidad no era sustituir las autorizaciones, permisos o exigencias propias de la minería formal, sino identificar a quienes se encontraban en una situación irregular pero potencialmente regularizable. En ese sentido, su existencia puede justificarse desde una mirada social: no toda minería informal debe ser tratada como criminalidad, ni toda persona que trabaja en la pequeña minería puede ser entendida como parte de una economía ilegal. Sin embargo, esta justificación tiene un límite. Cuando una política pública excepcional deja de conducir a la formalidad y empieza a permitir la permanencia prolongada en el incumplimiento, el problema ya no es solo de gestión pública. Por el contrario, constituye un problema de legalidad, de igualdad ante la ley y de protección efectiva de derechos humanos. (Enfoque Derecho)
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