EL 85% CONSIDERA INEFICAZ LA RESPUESTA DEL ESTADO FRENTE A LA MINERÍA ILEGAL
Para una amplia mayoría de peruanos (85%), la respuesta del Estado frente a la minería ilegal resulta poco o nada efectiva, mientras que apenas una décima parte cree en la estrategia que se sigue para combatirla, según una encuesta de Datum Internacional para El Comercio. Por otro lado, el grueso de la ciudadanía (73%) considera que el actual gobierno de la presidenta Dina Boluarte es demasiado blando al enfrentar esta problemática. Al mismo tiempo, ocho de cada 10 personas (81%) perciben que la minería ilegal es un problema bastante o muy grave para el país. La delincuencia, el crimen organizado y la violencia (44%), junto con la contaminación ambiental (41%), son identificados como los principales problemas que acarrea la minería ilegal. A ello se suma la corrupción política y de autoridades (24%). Hay una percepción mayoritaria de que la minería ilegal ha penetrado el Congreso (para un 56%, la mayoría de congresistas "son controlados" por ella). Y, además, es significativa la opinión de que esta financiará a los partidos en las próximas elecciones (83%). ( El Comercio, Pág. 4-5 )
"UN
PROYECTO MINERO EN EL PERÚ DEMORA 40 AÑOS"
Entre el 22 y 26 de
setiembre próximo se realizará en Arequipa PERUMIN 37, cuya presidenta, Jimena
Sologuren, espera que reúna a todos los involucrados con la minería del país y
ello incluya a las autoridades. En diálogo con Correo, señaló que las
expectativas de los empresarios son que quienes sean elegidos en 2026 mantengan
la estabilidad y predictibilidad para atraer inversiones en el sector y
asegurar el desarrollo de 67 proyectos que representan US$64 mil millones. El
2025 es un año preelectoral, ¿qué expectativas se tiene para el 2026? Las
expectativas son mantener un país estable. La institucionalidad en el Perú,
lamentablemente, sufre desde hace unos años y eso le resta competitividad a la
economía. Las elecciones del 2026 serán bastante retadoras, se tienen unos 30
candidatos, tenemos que elegir diputados, senadores, tenemos muchos jóvenes que
van a votar por primera vez. Se tendrá una cédula que será confusa y será
retador poder ejercer nuestro derecho a voto, pero tenemos esperanza,
expectativa, la convicción de que las nuevas autoridades nos ayudarán a
mantener la estabilidad, la predictibilidad para atraer la inversión que
necesitamos. Tenemos una cartera de 67 proyectos que significan US$64 mil
millones. Necesitamos ser atractivos para la inversión. ( Correo, Pág. 16)
PATAZ: COMANDO
UNIFICADO RESCATA A UN SECUESTRADO
El 21 de agosto, en el
sector Carhuabamba, anexo Pueblo Nuevo, distrito y provincia de Pataz, un grupo
de trabajadores de la empresa minera Sanone fue víctima de un ataque con armas
de fuego perpetrado por una organización criminal. Como consecuencia falleció
Nicolás Esteban Alayo Flores, y resultaron heridos Efraín Castillo Vera,
Amílcar Ramírez Roque y Gregorio Alayo Gómez. Roymel Polo Zegarra fue
secuestrado. De inmediato, el Comando Unificado Pataz (Cupaz) dispuso el
despliegue de personal militar y policial para ejecutar la acción militar
‘Awqa’. Las fuerzas del orden lograron recuperar el cuerpo del trabajador
fallecido, evacuar a los heridos y rescatar con vida a la persona secuestrada,
en estrecha coordinación con el Ministerio Público. (
El Peruano, Pág. 2 )
UNA AMENAZA
DIRECTA
Por Urbi Torrado, CEO de
Datum Internacional. La minería ilegal se ha convertido en un tema central para
la opinión pública peruana. Según la última encuesta de Datum- El Comercio, la
mitad de los ciudadanos manifiesta interés en informarse sobre este problema,
mostrando un nivel de atención superior al que despierta la política. Esta
diferencia no es menor, revela que, para los peruanos, la minería ilegal se
percibe como una amenaza directa y de gran impacto para el país. El consenso
sobre la gravedad del problema se mantiene independientemente de cómo se
formule la pregunta. Ya sea al indagar sobre los daños que ocasiona, su impacto
en la economía o su vínculo con otros delitos, la percepción converge: la
minería ilegal está asociada principalmente con el crimen organizado, la
contaminación ambiental y la corrupción política. Asimismo, aunque en diferente
grado, ocho de cada 10 peruanos creen que este fenómeno ha penetrado el
Congreso. En esa misma línea, la mayoría considera que la minería ilegal
financia a los partidos políticos, lo que podría tener repercusiones en las
próximas elecciones. Sin embargo, la percepción s obre quién debe liderar la
lucha contra la minería ilegal varía según la región. En el sur, casi dos
tercios señalan al Gobierno Central como principal responsable. En cambio, en
el norte, la mitad de los encuestados considera que esta tarea debería recaer
en las Fuerzas Armadas, reflejando una demanda por medidas más drásticas y de
carácter coercitivo ante la sensación de que las acciones del gobierno no están
dando resultados. En consecuencia, no sorprende que mientras en varias regiones
se perciba que el Estado ha sido blando frente al problema, en el sur el 29%
opine que la respuesta ha sido dura o incluso excesiva. ( El Comercio, Pág. 5 )
