FUTURO DE LA OROYA EN
DEBATE: LIQUIDACIÓN O REACTIVACIÓN
El pasado 6 de julio,
durante su visita al complejo metalúrgico de La Oroya, Pedro Pablo Kuczynski
reavivó un conflicto que parecía llegar lentamente a su fin. "Hagamos una
marcha al Congreso para pedir que ¡no dejen morir La Oroya!", exclamó. El
próximo presidente del Perú convocó así a una movilización que fue muy
cuestionada por las fuerzas políticas, pero que, al mismo tiempo, ha resucitado
las esperanzas de un pueblo que ha vivido de la actividad metalúrgica por casi
90 años. La paralización, en 2009, de las operaciones de la refinería manejada
por Doe Run Perú (DRP), la más grande del país y una de las más potentes de
Latinoamérica, relegó a los oroyinos a la subsistencia. Los pobladores y trabajadores
de la compañía piden su reactivación, quizá más interesados en mantener el
sustento de sus familias que en su propia salud. La principal preocupación de
Kuczynski es que, al haber entrado en un proceso de liquidación en marcha y no
encontrar aún un postor, DRP termine disolviéndose y vendiendo todo el complejo
por partes. El 27 de agosto es el día límite. Con su llamado, el futuro jefe de
Estado busca que, mediante una ley, esta fecha sea extendida por un año para
que otra compañía haga que la fundición entre en operaciones nuevamente.Hace
unos días, PPK aseguró que lo de la marcha al Congreso no iba en serio.
"Fue un decir, nada más", acotó, pero reafirmó su interés por que la
metalúrgica vuelva a prender motores. Ante esto, la pregunta cae por sí sola.
Si ninguna empresa ha querido adquirir la fundición de La Oroya en estos años,
¿por qué con Kuczynski sí habría alguna oportunidad? En opinión del ex ministro
de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, el Estado debe asumir el costo de
los pasivos ambientales para hacer más atractiva la compra al postor. "A
las empresas no se les puede pedir milagros. Lo que el Estado puede hacer es
asumir un costo como una manera de resolver el problema ambiental",
manifestó. Para el ingeniero metalúrgico Julio Bonelli, el mismo gobierno puede
completar el PAMA y vender el complejo metalúrgico totalmente renovado.
"Se pueden invertir 150 o 200 millones de dólares, instalar la planta para
el circuito de cobre y ofrecer la refinería ya adecuada para su funcionamiento",
propuso Bonelli. La solución al problema de La Oroya, ahora, está en manos del
nuevo jefe de Estado, pero antes el Congreso, de mayoría fujimorista, deberá
prorrogar el plazo de liquidación. ( Perú 21 Pág. 8 )
