ASESINAN A LOS 13 TRABAJADORES QUE HABÍAN SIDO SECUESTRADOS EN PATAZ
No hubo rescate ni liberación. Los 13 trabajadores mineros de la empresa R&R fueron asesinados por sus captores. El crimen ocurrió dentro de un socavón minero ubicado en el sector de Pueblo Nuevo, en Pataz (La Libertad). Ayer, la empresa minera Poderosa informó que la policía halló los cuerpos de las víctimas, que habían sido secuestradas el 26 de abril durante una incursión armada perpetrada por un grupo de delincuentes a la operación de un minero artesanal en proceso de formalización, con el cual Poderosa mantenía un contrato de explotación. Las víctimas brindaban servicios de seguridad a la operación artesanal. Según medios locales, los criminales son presuntamente miembros de la organización Los Parqueros. Su objetivo era apoderarse del oro y del control de la zona, en complicidad con mineros ilegales. Los trabajadores fueron capturados, torturados y ejecutados con disparos en el cuello. Imágenes obtenidas por El Comercio revelan que los cuerpos también fueron carbonizados. (Correo, Pág. 2-3 ) ( El Comercio, Pág. 3 ) ( Expreso, Pág. 2-3-4 ) ( República, Pág. 2-3 )
SNMPE CONDENA
ASESINATOS EN PATAZ Y PIDE APROBAR PLAN DE LUCHA CONTRA MINERÍA ILEGAL
La Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su condena ante el cruel asesinato
de 13 trabajadores en la provincia de Pataz en La Libertad por parte de mineros
ilegales que en alianza con organizaciones delictivas han desatado una ola de
terror en esa región del país. “Expresamos nuestra solidaridad a los familiares
de las 13 víctimas de esta asonada delictiva promovida por las redes de la
minería ilegal y demandamos a las autoridades a que identifiquen a sus autores
y que sean sancionados con todo el peso de la ley para que este cruel asesinato
no quede impune", señaló la SNMPE al afirmar que la defensa de la vida
debe ser la prioridad de todos los peruanos. "El secuestro y asesinato de
estos trabajadores evidencia que las economías ilegales buscan intimidar a la
sociedad peruana y tomar por asalto la propiedad pública y privada, como es el
caso de concesiones y operaciones mineras formales", señaló. En ese
sentido, advirtió que hasta el momento el Gobierno no ha aprobado el plan de
lucha contra la minería ilegal y menos aún su presupuesto; y que no basta con
declaratorias de Estados de Emergencia para hacer frente a las actividades
ilícitas ya que ha quedado demostrado que no tiene resultados efectivos en la
provincia de Pataz. (Canal 7) (Canal N)(Canal 5) (Agencia
Efe) (Infobae) (Revista Caretas) (RCR Perú) (Radio Exitosa) (Revista Rumbo
Minero) ( El Peruano- Pág. Web ) ( Correo- Pág. Web ) ( El Comercio- Pág. Web )
( Perú 21- Pág. Web ) ( Gestión- Pág. Web ) ( Agencia Andina )
ASESINATO DE
13 MINEROS REVELA QUE GOBIERNO PERDIÓ EL CONTROL EN PATAZ
¿Quién ordenó el secuestro?
¿Por qué ejecutaron a sangre fría a 13 mineros en Pataz? Según Cuarto Poder,
hasta el cierre de esta edición, los principales sospechosos del cruel
asesinato de los trabajadores de la minera informal R&R son dos: una banda
liderada por Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, quien exigió cuatro
millones de soles como rescate -pero nunca hubo negociación-, y detrás de él
estaría la sanguinaria banda trujillana Los Pulpos. Sin embargo, la reciente
detención de dos delincuentes fuertemente armados, ocurrida este domingo, a
pocas horas de conocerse la masacre, podría ser otro hilo para dar con los
autores del crimen, informó Latina. El hallazgo de los cuerpos de los 13
trabajadores de R&R se produjo en la mañana de ayer, nueve días después de
que fueran secuestrados. El asesinato fue brutal. Un video que circuló en redes
sociales mostraba que los mineros habrían sido torturados antes de ser
ejecutados cruelmente. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE) también condenó la masacre y exigió al Gobierno aprobar un plan urgente
contra la minería ilegal, pues advierte que el estado de emergencia no ha dado
resultados frente a la ola de violencia. El gremio también cuestionó que el
Reinfo, uno de los mecanismos que usan los ilegales para cometer crímenes, se
siga prorrogando. En ese sentido, "exhortó al Gobierno y al Parlamento a
enfrentar la minería ilegal y poner fin a las continuas ampliaciones del
Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que ha servido para encubrir
las ilícitas actividades de los mineros ilegales". ( Perú 21, Pág. 2 ) ( El Peruano, Pág. 3 )
PODEROSA
REITERA PEDIDO PARA QUE GOBIERNO CAMBIE ESTRATEGIA CONTRA MINERÍA ILEGAL
Trece trabajadores de la
empresa de seguridad R&R, contratada por Libmar, una operación de un minero
artesanal que mantiene un contrato con Poderosa en La Libertad, fueron hallados
sin vida tras ser secuestrados el 26 de abril. El hecho ocurrió en una zona con
fuerte presencia de minería ilegal. Los cuerpos fueron encontrados en una zona
remota de Pataz, atados y ultimados a disparos, según información de los
familiares. “Volvemos a hacer un llamado urgente al Gobierno a fin de que
replantee su estrategia para enfrentar la criminalidad y lograr la captura de
los delincuentes que vienen operando en Pataz. Para ello hace falta fortalecer
el trabajo de inteligencia y trabajar de la mano con el Ministerio Público y el
Poder Judicial", indicó la Minera Poderosa en un comunicado. La compañía
señaló que, pese al estado de emergencia, las autoridades no han intervenido
bocaminas ilegales ya identificadas. “No será posible derrotar la delincuencia
si, a pesar de nuestros reiterados pedidos, la policía sigue sin ingresar e
interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las
bandas criminales; y cuya ubicación está plenamente identificada y
georeferenciada", indicó en el comunicado. (
Gestión, Pág. 23 )
CRÍTICAS Y
EXIGENCIAS
El Ejecutivo y el primer
ministro Gustavo Adrianzén enfrentan duras críticas, luego de que este último
minimizara el secuestro en Pataz la semana pasada, cuando puso en duda su
veracidad. La bancada de Renovación Popular exigió la renuncia de Adrianzén y
la reestructuración del Gabinete Ministerial. Fuerza Popular anunció que
interpelará al ministro de Defensa, Walter Astudillo. El Colectivo PAS-País
Seguro, que tiene como miembros a ÁDEX y la CCL, entre otros, solicitó al
Gobierno y al Congreso tomar medidas urgentes para combatir la minería ilegal.
En otro pronunciamiento, Confiep sostuvo que "es necesario que los poderes
del Estado, de una buena vez, tomen esta situación con la seriedad y urgencia
que la población exige". ( El Comercio, Pág. 3
)
CONFIEP:"EL
ESTADO HA PERDIDO EL CONTROL DE LA SEGURIDAD EN PATAZ COMO EN GRAN PARTE DEL
PAÍS"
La CONFIEP y sus gremios asociados
emitieron un comunicado en el que muestran su total rechazo al asesinato de los
trece mineros en Pataz y apuntaron al "descontrol que está ocurriendo en
todo el país". "Esta espiral de violencia, que ya cuenta con 39
asesinatos solo en la zona de Pataz, es un reflejo de un problema de descontrol
que está ocurriendo en todo el país. La barbarie exhibida en la ejecución de
estos 13 mineros, previamente secuestrados, nos traslada a los años en que
actuaban en el país Sendero Luminoso y el MRTA", se lee en el comunicado. ( Perú 21- Pág. Web )
IIMP CONDENA
ASESINATO DE 13 TRABAJADORES EN PATAZ Y EXIGE ACCIONES URGENTES CONTRA MAFIAS
DE MINERÍA ILEGAL
El Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú (IIMP) se pronunció tras la confirmación del asesinato de 13
trabajadores mineros secuestrados en la provincia de Pataz, región La Libertad,
y exigió al Estado tomar medidas urgentes frente al creciente dominio
territorial de mafias vinculadas a la minería ilegal. El gremio minero hizo un
llamado enérgico a las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial
para que ejecuten acciones concretas que garanticen seguridad y bienestar en
las zonas mineras del país. “Exigimos resultados concretos de las acciones que
vienen llevando a cabo, no solo en favor del sector minero formal, sino también
de toda la ciudadanía", señala el pronunciamiento. ( Correo, Pág. 3 ) ( El Comercio- Pág. Web )
GORE LA
LIBERTAD PLANTEA DECLARAR ESTADO DE SITIO EN PATAZ ANTE CRIMENES
El asesinato de los 13
trabajadores mineros en un socavón en Pataz, región La Libertad, ha provocado
la reacción de rechazo generalizado en todo el país, y muchas instituciones han
solicitado que el Ejecutivo promueva medidas drásticas para combatir la minería
ilegal en la zona. El Gobierno Regional de La Libertad, tras expresar su
profundo pesar a los deudos de las víctimas, ha propuesto al Ejecutivo, a
través de un comunicado, que evalúe decretar el Estado de Sitio en la provincia
de Pataz, como medida extrema, pero necesaria para recuperar el control del
territorio y erradicar las redes criminales que amenazan la seguridad del
Estado. (Agencia Andina ) ( Perú 21- Pág. Web )
ANGR EXIGE CON
URGENCIA UNA REUNIÓN DEL CONASEC EN PATAZ
La Asamblea Nacional de
Gobiernos Regionales (ANGR) solicitó al Gobierno convocar con urgencia a una
reunión de Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en Pataz. Esto se
da luego que la Minera Poderosa confirmó el asesinato de los 13 trabajadores
mineros secuestrados en Pataz, región La Libertad, por delincuentes aliados de
la minería ilegal. En tal sentido, la ANGR pidió también "la intervención
inmediata de las Fuerzas Armadas en Pataz, la instalación de una base militar
permanente en la zona, una investigación integral bajo fiscalía especializada
para identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la
masacre". (Agencia Andina ) ( Correo- Pág. Web
)
EQUIPOS DE
ÉLITE POLICIAL EN PATAZ
El Ministerio del Interior
(Mininter) dispuso el despliegue inmediato de equipos de élite especializados
de la Policía Nacional del Perú en Pataz, con el objetivo de ubicar y capturar
a los responsables del asesinato de 13 trabajadores mineros en la región La
Libertad. Los equipos pertenecen al Grupo Especial contra el Crimen Organizado,
así como a las divisiones especializadas de Investigación de Secuestros y
Extorsiones y de Investigación de Homicidios de la Dirincri-PNP, precisa el
Mininter a través de un comunicado. Añade que, además, se viene trabajando
estrechamente con las Fuerzas Armadas. ( El Peruano,
Pág. 3 ) ( Gestión, Pág. 23 )
FUERZA POPULAR
ANUNCIA INTERPELACIÓN A MINISTRO DE DEFENSA POR MUERTE DE 13 MINEROS EN PATAZ
En un comunicado emitido por
la bancada de Fuerza Popular, se anunció la interpelación del titular del
Ministerio de Defensa (MINDEF), Walter Astudillo Chávez, tras el hallazgo de 13
mineros sin vida en la provincia de Pataz, región de La Libertad, presuntamente
ejecutados por organizaciones criminales. En el comunicado, expresan que el
país merece explicaciones claras sobre el rol de las fuerzas militares ante la
ola de violencia. “Es inaceptable que, pese a contar con casi 90 000 efectivos,
las Fuerzas Armadas sigan relegadas a un rol pasivo en zonas declaradas en
emergencia", detalla. ( Correo- Pág. Web ) (
Expreso, Pág. 4 )
PNP RESCATA A
50 REHENES DE CARAVELÍ
En la convulsa provincia de
Pataz, distrito de Huaylillas, región La Libertad, la Policía sostuvo un enfrentamiento
armado con una banda de malhechores y rescató, la madrugada de ayer, a 50
trabajadores de la Compañía Minera Caravelí que estaban secuestrados. Los
criminales asaltaron la mencionada mina la madrugada del sábado, pero debido a
que encontraron resistencia no pudieron huir, por lo que tomaron como rehenes a
medio centenar de trabajadores. La operación policial culminó con la captura de
dos criminales, identificados como Ebert Quispe Hoyos (28) y José Elías (21),
quienes fueron conducidos a la Comisaría de Tayabamba. Los 50 trabajadores
fueron liberados, pero dos policías -los suboficiales José Luis Rodríguez
Carhuajulca y Junior Guerra Barbosa- y seis civiles terminaron con heridas de
bala. Todos ellos fueron evacuados al Hospital Provincial de Tayabamba. ( Correo, Pág. 3 ) ( Gestión, Pág. 23 )
BUENAVENTURA
ELEVA INVERSIÓN EN MINA DE ORO SAN GABRIEL
Durante el primer trimestre,
los gastos de capital (capex) de Buenaventura alcanzaron los US$ 36.1 millones,
menor a los US$ 58 millones que se destinaron en similar periodo del 2024. Las
inversiones estuvieron compuestas principalmente por US$ 21.8 millones
relacionados con el proyecto de oro San Gabriel (Moquegua) y US$ 3.4 millones
con el proyecto Trapiche (Apurímac). Sobre el gasto en la referida iniciativa
aurífera, la compañía detalló que el desembolso acumulado alcanzó los US$ 505
millones. Además, reveló que han revisado al alza las inversiones para esa
iniciativa en este 2025 a US$ 250 millones, cuando inicialmente estimaban
destinar US$ 205 millones. ( Gestión, Pág. 10 )
SIERRA METALS
REVISA OFERTA ALPAYANA
La minera canadiense Sierra
Metals, que opera las minas polimetálicas Yauricocha y Bolívar en Perú y
México, informó la recepción de una "oferta enmendada" presentada por
la peruana Alpayana, en la que se incrementa el precio propuesto para adquirir
la totalidad de las acciones comunes de la compañía, pasando de 1.11 dólares
canadiense a 1.15 dólares canadiense por acción. Ahora, el Directorio de Sierra
Metals revisa la propuesta y emitirá una recomendación a los accionistas en los
próximos días. ( Gestión, Pág. 11 )
FERREYCORP
ELEVA UTILIDAD NETA
El holding de origen peruano
Ferreycorp inició con buen pie el 2025, reportando ingresos por US$ 533
millones (S/ 1,974 millones) en el primer trimestre, 8% más en soles y 10% en
dólares respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, su utilidad
neta creció 25% a S/ 143 millones. Sin embargo, al excluir el efecto del tipo
de cambio, la utilidad neta ajustada fue S/ 133 millones, con un crecimiento de
6%. ( Gestión, Pág. 11 )
DEORO TRAS
MEJORAS EN FÁBRICA DE JOYAS
Deoro, dedicada al
desarrollo, fabricación y exportación de joyas de oro y plata, proyecta
invertir alrededor de US$ 300,000 en maquinaria y tecnología para potenciar los
activos en su planta este 2025."Estamos enfocados en mejorar nuestros
procesos, tiempos de fabricación y bajar los costos de producción", señaló
el gerente general de la firma, Miguel Yactayo, a la Asociación de Exportadores
(ADEX).Así, apuntan a incrementar sus ventas en 20% este año, principalmente por
envíos a EE.UU., México y algunos países de Europa. (
Gestión, Pág. 11 )
INICIA
CONVOCATORIA PARA EMPRENDIMIENTOS SOCIALES
El Instituto de Ingenieros
de Minas inició la convocatoria en el marco del premio Perumin Inspira. Se
premiarán a los dos mejores en la categoría "Emprendimientos de Alto
Impacto". ( El Comercio, Pág. 2- Día1 )
YA FUE
SUFICIENTE
En cualquier país, lo que
sucedió en Pataz (La Libertad) debería ser motivo de trauma colectivo, luto
nacional, profunda introspección y cambios radicales en la política de
seguridad nacional. Si el hartazgo ciudadano con la pasividad e inoperancia del
Gobierno con la criminalidad no había llegado ya a un punto de inflexión, el
asesinato de 13 trabajadores a sangre fría como resultado de un secuestro
debería ser motivo suficiente. De acuerdo con la minera Poderosa, empresa que
mantenía un contrato de explotación con el minero artesanal cuyos trabajadores
fueron ejecutados, con este último atentado suman ya 39 personas asesinadas por
los criminales que se han apoderado de esa zona del país. Varios de ellos
fallecieron en ataques durante el estado de emergencia vigente, como muestra de
su nula efectividad. ( El Comercio, Pág. 2 )
MATANZA EN LA
PROVINCIA DE PATAZ
La provincia liberteña de
Pataz se ha convertido en una zona de guerra donde criminales asociados a la
minería ilegal matan, roban, secuestran, derriban torres de alta tensión,
emboscan y se enfrentan a balazos a la Policía Nacional que en teoría cuenta
con el apoyo de las Fuerzas Armadas al amparo de un estado de emergencia que
tal como está planteado, no sirve. En las últimas horas se ha confirmado el
brutal asesinato de 13 mineros artesanales que prestaban servicios a la compañía
Poderosa, un día después de que en el distrito de Tayabamba gente armada se
enfrentara a la policía con un saldo de ocho heridos, entre ellos dos agentes.
En la tarde del sábado último, todos han tenido que ser evacuados a Trujillo en
helicóptero para su atención médica. La violencia en esta zona del país rica en
minerales, pero de difícil acceso por vía terrestre y aérea, está en un espiral
ascendente y las autoridades parecen no entender la gravedad del problema. ( Correo, Pág. 9 )
PATAZ, TERRITORIO
SIN LEY
Los recientes asesinatos de
trece trabajadores mineros en Pataz, región La Libertad, no son un episodio
aislado. Son la confirmación brutal de una realidad que muchos prefieren
ignorar: Pataz es hoy un territorio liberado, secuestrado por organizaciones
criminales que actúan impunemente, ante la inacción o incapacidad del Estado.
La narrativa oficial insiste en llamarlos "mineros ilegales". Pero lo
que ocurre en Pataz ya no es minería informal, ni siquiera ilegal: es crimen
organizado puro y duro, armado, violento, con estructuras jerárquicas y redes
de corrupción que protegen sus operaciones. A las cosas hay que llamarlas por
su nombre: no son mineros, son delincuentes, sicarios, mafias criminales que
usan la fachada minera para encubrir su negocio principal: la muerte, la
extorsión y el dominio territorial. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Las
cifras lo dicen todo: 39 muertos en los últimos años entre trabajadores,
mineros artesanales y colaboradores de empresas formales. Un estado de emergencia
que no ha servido para nada, una policía desbordada y superada, y una autoridad
civil incapaz de recuperar el control. La impunidad campea. La violencia se
normaliza. El miedo es ley. ( Expreso, Pág. 4 )
LA MASACRE EN
PATAZ NO DEBE QUEDAR IMPUNE
El secuestro y posterior
asesinato ocurrido en Pataz es una tragedia que requiere la atención de todos
los peruanos. No solo evidencia la fragilidad de la vida hoy asediada por el
crimen organizado, sino también la responsabilidad del Estado en la desprotección
ciudadana. El 30 de abril, hace tan solo 6 días, el primer ministro, Gustavo
Adrianzén, brindó unas declaraciones en las que desestimaba la información que
ya existía sobre el secuestro. Hizo referencia a la información no solo de la
empresa, sino la del propio Gobierno. En circunstancias normales, una autoridad
política que minimiza la gravedad de una crisis de tal magnitud debería
enfrentar consecuencias inmediatas. En un gobierno mínimamente decente, su
renuncia o censura sería inevitable, pero en este caso, como ocurrió con las
muertes en las protestas en Puno, Ayacucho y Lima, la indiferencia sigue
prevaleciendo. La situación se complica aún más al considerar el contexto en el
que se desarrollaron estos hechos. Que esta masacre haya ocurrido en un estado
de emergencia declarado por el Gobierno de Dina Boluarte, y avalado por el
presidente del Gobierno regional, César Acuña, es un testimonio del fracaso
total del rol gubernamental de preservar la paz social. ( República, Pág. 4 )
TRECE
Por María Cecilia Villegas,
CEO de Capitalismo Consciente Perú. El sábado 26 de abril, un grupo armado
encabezado por Miguel Rodriguez Díaz, ‘Cuchillo’, secuestró a 13 mineros que
trabajaban en una operación de minería artesanal formal dentro de la concesión
de la minera Poderosa. Para liberarlos, pedían cuatro millones de soles. Días
después, los 13 trabajadores mineros fueron brutalmente ejecutados, uno al lado
del otro. Todo esto ocurre a pesar de que Pataz se encuentra bajo estado de
emergencia desde hace meses, con un contingente de militares y policías de más
de 300 oficiales. El Perú está perdiendo la batalla contra el crimen
organizado. En Pataz, distintas organizaciones de mineros ilegales, todas
perfectamente identificadas, y sus sicarios han tomado el control del
territorio sin que nadie pueda detenerlos. La ejecución de los 13 trabajadores
mineros muestra el poder que tienen los ilegales y la impunidad con la que
actúan. ( El Comercio, Pág. 18 )
LA GUERRA
CONTRA EL "REINFO DEL DELITO"
Por Rafael Belaunde Llosa.
Criminales asesinan a 13 trabajadores de un minero artesanal con contrato de
explotación con la minera Poderosa. Otra banda de delincuentes toma por asalto
la planta de procesamiento de Aracoto, de Minera Caraveli: rehenes, policías
heridos y fallecidos. Esto en pleno estado de emergencia en la provincia de
Pataz. En tanto, en Lima, el sicariato y la extorsión actúan con impunidad,
envalentonados por un Gobierno inútil y una clase política decadente. Las
economías ilegales y las organizaciones criminales van tomando, poco a poco, el
dominio del territorio y obteniendo zonas ‘liberadas’ ante la inoperancia del
Estado, algo que no se vivía desde las épocas más oscuras de la guerra contra
el terrorismo. Tomar acción decidida, con todo el rigor y fuerza que la ley
permite, es urgente. La pena de muerte, tantas veces mencionada ligera y
políticamente, en nada va a contribuir a resolver la criminalidad en el Perú,
pues se trata de un castigo, es decir, se aplica al que ya asesinó, al que ya
violó, ya extorsionó, etcétera. Convertir el debate de la pena de muerte en
parte del debate contra el crimen en el Perú es desviar tiempo y energías del
esfuerzo central: impedir que estos delitos ocurran. La guerra contra el crimen
es un esfuerzo que debe ser liderado por el presidente de la República. Bajo su
liderazgo, se debe constituir una mesa de trabajo con miembros de la Policía,
Fiscalía, Poder Judicial, representantes de las empresas de telefonía, de los
bancos y representantes de Meta (la mayoría de las llamadas extorsivas se
realizan por WhatsApp). (Perú 21, Pág. 6 )
