GOBIERNO NO HACE MEA CULPA
POR EL CASO DOE RUN
Rosa María Ortiz, ministra
de Energía y Minas, aseveró que el fracaso en la venta de los activos de Doe
Run Perú (en donde el Estado peruano es el principal acreedor) estuvo motivado
en la "intransigencia" de los trabajadores, quienes pedían que se
rebajen los estándares ambientales para lograr postores."En el caso de
DRP, yo no creo que tenga este gobierno que hacer algún mea culpa. Los
trabajadores quieren que se relajen las normas ambientales para que puedan
seguir trabajando en la fundición de La Oroya. Para mí sería un retroceso en lo
que avanza el mundo en cuidados ambientales", aseveró. Reconoció que si
bien existen interesados en la fundición como en la mina Cobriza, sería el
próximo gobierno el que ya tenga que ver la subasta. Al respecto, Luis
Castillo, representante de las acreencias laborales, recordó que en su informe
final el banco de inversión suizo UBS -contratado para que conduzca la subasta
internacional en 2015- fue el que recomendó que los Estándares de Calidad
Ambiental del Aire, conocidos como ECAS, debían bajar a por lo menos 120
microgramos de SO2 por metro cúbico. Asimismo, UBS precisó que el Estado debía
asumir la remediación de los suelos en La Oroya y que se flexibilicen los
costos laborales. "Eso era el resumen que UBS indicó que era el pedido
casi unánime de los postores interesados en cada subasta. Más bien existe
responsabilidad en este gobierno que se va por haber colocado tres empresas
liquidadoras ineficientes al frente de las subastas", dijo. Castillo
sostuvo que el actual gobierno ha carecido de voluntad política pues delegó la
solución al problema de La Oroya a tres ministros, el mismo viceministro de Minas,
para que finalmente recaiga todo en manos de Rosario Patiño, funcionaria
pública comisionada exclusivamente para este caso y que representa al MEM en la
presidencia de la Junta de Acreedores. "Es una incapaz que al final
perjudicó a los trabajadores, a la región centro y al país", cuestionó. (
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