SENACE APROBÓ GUÍA DE
GESTIÓN SOCIAL PARA FORTALECER CONFIANZA EN EIA
El Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó las
"Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental",
cuya finalidad es fortalecer la confianza en los Estudios de Impacto Ambiental
(EIA). Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental es una
guía flexible y de adhesión voluntaria que contiene un conjunto de herramientas
y protocolos enfocados a orientar la labor de los evaluadores del Senace en el
campo, las acciones de los titulares de proyectos de inversión con las
comunidades locales y el comportamiento de los actores de la sociedad civil
durante el proceso de certificación ambiental. Esta guía además incorpora
enfoques de género e interculturalidad necesarios para lograr una participación
ciudadana efectiva. ( Agencia Andina - )
GOBIERNOS REGIONALES
JALADOS EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Han pasado 14 años desde
que, en el 2002, el Gobierno transfirió las competencias de fiscalización de la
minería pequeña y artesanal a los gobiernos regionales. Esto dentro del inicio
del proceso de descentralización. Hoy, la evaluación del desempeño de estos
gobiernos evidencia que su labor ha sido ineficiente.El Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA) publicó ayer los resultados de una inspección
realizada en el 2015. Este organismo ha fijado una escala de 20 puntos para
medir el nivel de eficiencia en materia de fiscalización ambiental.Solo las
regiones de Piura (11,47), Cajamarca (11,08) y San Martín (11,08) aprobaron con
nota mínima la inspección. Las regiones con menor puntaje son Áncash (3,78), La
Libertad (4,69) y Callao (4,97).Renzo López, funcionario del OEFA, detalló que
en la medición se ha incluido la verificación de información brindada por
titulares de concesiones mineras, el inicio de procedimientos sancionadores
contra quienes incumplan la ley y la presentación de información al Ministerio
Público en caso se detecten irregularidades."En la mayoría de casos, los
gobiernos regionales no intervienen con sanciones, como los obliga la
ley", explicó López. ( El Comercio Pág. 13, Gestión Pág. 12 )
