MINERÍA AVANZA SOBRE TIERRAS COMUNALES: 35% ESTÁN AFECTADAS
La expansión de la minería formal, informal e ilegal en nuestro país viene transformando los territorios y las relaciones entre las poblaciones que se ubican en las zonas de influencia. Según datos del Instituto del Bien Común (IBC) y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, la actividad extractiva ya ocupa el 16,5% del suelo peruano y afecta al 35% de tierras comunales. En regiones como Madre de Dios, un 22% del territorio está concesionado a la minería, mientras que, en Cusco, el 24% se encuentra bajo control ajeno. El caso de Espinar (Cusco) es un claro ejemplo del problema: el 47% del área provincial está adjudicado a la actividad extractiva y apenas el 10% de las comunidades han logrado georreferenciar su territorio, lo que limita la defensa ambiental y aumenta el riesgo de apropiación por terceros. (República, Pág. 10-11 )
CON LIDERAZGO
TODO CAMBIA
Por Jaime De Althaus,
analista político. La alta aprobación de José Jerí es positiva porque le
devuelve legitimidad a la institución presidencial y en esa medida al sistema
político en general, lo que ayuda a disminuir en algo el ánimo antisistema en
el país, ánimo que puede influir mal en las próximas elecciones generales. (…)
Donde se ha perdido voluntad política y norte es en la lucha contra la minería
ilegal y la formalización minera. Y se ha abandonado el esfuerzo de sacar una
buena Ley MAPE. El ministro de Energía y Minas no parece tener idea. Había un
camino claro que hay que retomar a la brevedad y ponerle todos los recursos
posibles. Hace unos tres meses, por ejemplo, 700 mineros informales de Secocha
habían aceptado firmar contratos de explotación con el dueño de las concesiones
porque existía la expectativa cierta del fin del Reinfo el 31 de diciembre.
Desde que la nueva expectativa es prolongar el Reinfo, esos informales ya no
quieren firmar. Y sería un retroceso imperdonable reincorporar a los 50.000
excluidos. El gobierno tiene que definir una posición clara en todo esto. ( El Comercio, Pág. 22 )
