viernes, 28 de noviembre de 2025

MONITOREO DE MEDIOS 28 DE NOVIEMBRE (LIMA)

CONGRESO LIMITARÍA AL GOBIERNO PARA DEPURAR FORMALIZACIÓN MINERA

El dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que aprueba una nueva extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), esta vez hasta fines del 2027 (dos años más), ya está listo para ser debatido en el pleno. La propuesta también considera una "ventana" para el retorno de 50,565 inscritos en el Reinfo que fueron excluidos, a mediados de este año, por estar en condición de suspendido y no reportar actividades por un año o más. ( Gestión, Pág. 14 )

 

BANCADAS AÚN NO DEFINEN VOTO PARA AMPLIAR REINFO

Los congresistas de diversas bancadas aún no definen cuál será su votación con referencia al dictamen que amplía el Reinfo en la sesión plenaria que se efectuará antes del término de la presente legislatura. El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, reconoció que los miembros de su agrupación política tienen opiniones divididas en torno a este tema. "Estamos divididos en el caso del Reinfo. Hemos marcado nuestra postura, y justo el otro día nos reunimos algunos congresistas, y estamos deliberando cómo vamos a hacer en ese tema, porque es un tema que tampoco lo podemos pasar para el próximo año como Congreso, no solo como bancada de Perú Libre. En estos días tenemos que resolver en uno u otro sentido", afirmó el congresista.  (Expreso, Pág. 10 )

 

FORTE INICIA PROGRAMA DE PERFORACIÓN EN ‘PUCARINI’

Forte Minerals inició la primera campaña de perforación en el proyecto de oro Pucarini (Puno), siendo que se busca confirmar la presencia de un sistema de oro de alta sulfuración, uno de los modelos geológicos más relevantes de la franja minera del sur peruano. La compañía inició la perforación diamantina en un programa Fase I que comprende cinco sondajes y un total de 1,750 metros, con unos 350 metros por pozo. ( Gestión, Pág. 10 )

 

UN MINERO ASESINADO EN ENFRENTAMIENTO EN ZONA DE ACCESO A LA RINCONADA

Un minero, identificado como Isidro Ccorí Quispe, de 59 años, fue hallado sin vida con impactos de bala, tras diversos enfrentamientos y bloqueos que se vienen reportando en el acceso a La Rinconada, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, en Puno. El hecho ocurrió hacia las 00:30 horas de este jueves 27 de noviembre, tras el estallido de protestas en la zona, donde mineros piden el reinicio de actividades debido a la suspensión de trabajos hace dos meses. ( Correo, Pág. 10 ) ( Expreso, Pág. 10 )

 

OPERATIVOS

El sector Defensa, por medio del Comando Unificado Pataz (Cupaz), ejecutó la operación ‘Martillo II’ en una planta vinculada con actividades ilícitas en el anexo Zarumilla, centro poblado de Cuymuy, en Pataz, neutralizando la infraestructura e interdictando diversa maquinaria e insumos. ( El Peruano, Pág. 4 )

 

EL REINFO SERÁ UN PARTEAGUAS

Por Carlos Basombrío. Si en el 2023 la minería ilegal ya era la economía criminal más grande con US$4.000 millones, según el Instituto Peruano de Economía, al final del 2025 llegará a 12.000 millones. A su vez, su poder de corrupción y su penetración en los diversos niveles de gobierno y estamentos del Estado -ya evidentes- aumentarán con estas elecciones. Además, hay múltiples evidencias de la capacidad que tienen para expandir otras dinámicas del crimen organizado. Dicho lo anterior, la eliminación del Reinfo -que, por cierto, incluye un privilegio inconstitucional de exención de responsabilidad penal- sería solo un primer mecanismo de contención. En este tema crucial para el futuro del país, o se está de un lado o del otro. No puede haber medias tintas. Del lado de la ilegalidad, la corrupción y el crimen están todas las bancadas del actual Congreso que han votado en la Comisión de Energía y Minas para que se extienda por dos años más y se revise la situación de los 50.000 ya excluidos. Solo estuvieron en contra Diana Gonzales y Ruth Luque. Del otro lado deben estar los que, eliminado el Reinfo, se aboquen a soluciones realistas que permitan la legalización de lo que sea viable y una estrategia seria para atender los problemas sociales subyacentes, empezando con un fondo con dinero y bienes recuperados de la minería ilegal. No hay punto medio. El presidente José Jerí, que ha votado por las dos ampliaciones previas, plantea que debe ampliarse por un año en lugar de dos. ( El Comercio, Pág. 19 )

 

UN PRESUPUESTO PATRIMONIALISTA

Por Alfredo Thorne. La discusión de por qué se decidió excluir a cerca de 20.000 becas del programa Beca 18 del presupuesto del siguiente año parece verosímil, siempre puede haber errores en la elaboración de la Ley de Presupuesto. Más sorprendente es por qué el gobierno decidió no hacer un ajuste durante la discusión del presupuesto en la Comisión de Presupuesto, o en el pleno. Excluir las partidas para Beca 18 que podría ayudar a miles de estudiantes de bajos ingresos a salir de la pobreza y lograr una carrera que les permita un mayor ingreso y no quedarse atrapados en la trampa de bajos ingresos que fueron destinados a sus antepasados no es la esencia de un presupuesto (una redistribución del ingreso por medio de las asignaciones presupuestales). Que el Ejecutivo y el Congreso decidan aprobar un presupuesto que priorice el aumento de las remuneraciones de los servidores públicos en 9% en términos reales, y que pueden llegar a representar el 36% del gasto total, demuestra que el Estado ha sido tomado por políticos que prefieren priorizar sus propios intereses personales y no el bien común: la base de un Estado patrimonialista. Lo más preocupante es que el gobierno y el Congreso, si aprueba el presupuesto, saben que nace desfinanciado, y que la meta del déficit del 1,8% del PBI no se va a cumplir (según nuestros cálculos, podría llegar al 3,4%). Como ha sido el caso con otras leyes del Congreso que violan el artículo 79 de la Constitución, que le dan la iniciativa del gasto al Ejecutivo, el MEF tendrá que incorporar este mayor gasto durante el año aumentando el déficit y pasándole la factura al siguiente gobierno. ( El Comercio, Pág. 18 )

 

SENTENCIA HISTÓRICA

A nueve días de que se cumpla el tercer aniversario del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, el Poder Judicial ha sentenciado a sus perpetradores. Lo hizo, por si hacía falta subrayarlo, en un proceso histórico, en el que se respetaron los derechos de los acusados gracias a las garantías que otorga el Estado de derecho, ese mismo Estado de derecho que ellos buscaron desmantelar y del que se han venido burlando desde entonces, desacatando las medidas procesales y efectuando maniobras leguleyas para dilatar su accionar. Seguramente, se comentará mucho sobre este fallo en el futuro, pero, por lo pronto, creemos que su importancia radica en dos aspectos. El primero es que manda un mensaje poderoso a todos aquellos que en el futuro traten de acceder o tomar el control total del Estado por la fuerza: el Perú castiga a los golpistas. Una lección valiosa viniendo de un país que, a lo largo de su vida republicana, ha sufrido el embate constante de quienes buscaron aniquilar la democracia, casi siempre con impunidad. Para el Poder Judicial, este accionar merece un castigo de 11 años y cinco meses de cárcel. Pero, además, la sentencia de ayer recoge los pormenores de lo que ocurrió el día del golpe, dejando en claro que este fue planeado -principalmente- por Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres, que hubo órdenes para la policía de cerrar el Congreso y arrestar a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que, una vez que se dieron cuenta de que no lograrían imponerse, los golpistas trataron de refugiarse en la Embajada de México. ( El Comercio, Pág. 2 )

 

 

 

 

 

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